Además, la fiscal solicita que sean castigados con una multa de 17 millones de euros
Esta mañana llega a la sala de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, cuya sede está en Melilla, una causa en la que hay trece personas investigadas por su presunta participación en la comisión de delitos de blanqueo de capitales. De ellas, siete eran trabajadores de una sucursal de BBVA de la ciudad entre los años 2008 y 2010. El Ministerio Público reclama seis años de prisión, así como el pago de una multa de 17 millones de euros para cada uno de los empleados.
Según explica la Fiscalía en su escrito acusatorio, al que ha podido acceder El Faro, el director de la oficina, la directora comercial, la gestora de negocios, el gestor operativo y tres cajeros actuaron en “connivencia, beneplácito, condescendencia e ignorancia deliberada” para permitir el lavado de dinero a dos hermanos que se dedicaban al tráfico de hachís a gran escala, también procesados en este procedimiento. Estos contaban con la colaboración de otros cuatro encausados, que actuaban como testaferros y apoderados de sociedades orientadas al blanqueo del dinero.
Dos de los procesados ingresaron a nombre de una empresa, entre el 5 de noviembre de 2008 y el 2 de noviembre de 2010, “de manera fraccionada”, cantidades de dinero en efectivo que la fiscal califica como “abrumadoras”. El capital se repartió en 311 ingresos, que sumaron 11.727.500 euros. En la misma cuenta se hicieron otras 114 transferencias por valor de 501.483 euros.
Incumplimiento normativo
Al parecer de la fiscal, ninguno de los empleados de la oficina cumplió con su deber de comprobación y seguimiento. Tampoco se requirió el modelo S1, que es la declaración que se exige a las personas físicas que realizan movimientos de efectivos, de acuerdo con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo.
“Para evitar que ese incumplimiento normativo hiciera saltar las alarmas de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales del BBVA, los cajeros, en connivencia con el resto de los empleados de la oficina, fraccionaron los ingresos para que, individualmente considerados, ninguno de ellos superara los 100.000 euros”, apunta el Ministerio Público.
Este órgano también denuncia que “el uso de billetes de 500 euros fue continuo y muy elevado”. De hecho, señala que 4.013.500 euros fueron ingresados empleando un total de 8.027 billetes de 500. “Según normativa interna del BBVA, estos tienen la consideración de ‘billetes de alta denominación’, lo que significa que, según el protocolo interno en prevención del blanqueo de capitales, deberían haber analizado todos los ingresos en efectivo para determinar la coherencia de cada operación con la actividad profesional”, mantiene la fiscal en la acusación.
Opacidad y silencio
Con este pretexto, la parte acusadora concluye que la oficina debería haberse opuesto a realizar todos y cada uno de los ingresos y las transacciones, por tratarse de operaciones de alto riesgo.
Según recoge la Fiscalía, tras las numerosas irregularidades y el incumplimiento normativo de los empleados hicieron que “se despertaran las alarmas” del Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales del BBVA en Madrid. Por ello, se requirió “de manera incesante” la información sobre el cliente y el tipo de operaciones que se estaban practicando. Sin embargo, niguno de los empleados de la sucursal de Melilla facilitó los datos solicitados.
Finalmente, el 2 de noviembre de 2010, el Comité de Servicios Jurídicos de Negocios Bancarios de Madrid y la Comisión de Prevención de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), decidieron cancelar la cuenta bancaria y extinguir las relaciones que había entre el BBVA de Melilla y la sociedad desde la que se realizaron los ingresos.
Por estos hechos, la fiscal reclama para los siete procesados de la oficina bancaria la pena de seis años de prisión y multas de 17.000.000 euros para cada uno de ellos.
Un acusado traía el dinero a Melilla oculto en la ropa
Según explica la Fiscalía de Melilla en el escrito acusatorio, uno de los procesados se encargaba de cruzar a Melilla con el dinero que procedía del tráfico de hachís que los hermanos encausados tenían en Marruecos. Esta persona introducía continuamente a España las ganancias a través del paso fronterizo de Beni Enzar, ocultándola en su ropa. Así intentó hacerlo el 26 de enero de 2011, cuando se dispuso a cruzar la frontera con 50.000 euros escondidos y fajados al cuerpo, repartidos en 7 billetes de 500, 17 de 200,370 de 100, 100 de 50 y 55 de 20 euros. En esta ocasión, el individuo fue descubierto por dos agentes de la Guardia Civil.
