El Partido Popular (PP) tiene un plan de seguridad integral de Ceuta y Melilla. De hecho, los populares presentaron en 2021 una moción en el Senado que fue incluido en la Estrategia Nacional de Seguridad de ese año.
Actualmente, cuatro años después, se encuentra en el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno. Aunque fue registrada para ser debatida en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, diferentes asuntos han retrasado su exposición.
Aunque el PP confiaba en haber podido debatirla en el mes de abril, se ha puesto por delante la comparecencia del nuevo presidente de Indra, Ángel Escribano, y el de Telefónica, Juan Murtra. Ya acudió el primero y se está a la espera de que lo haga el segundo. El Grupo Popular quiere que expliquen sus líneas estratégicas de interés para la seguridad nacional, teniendo en cuenta la vinculación de su actividad con esta materia y la importancia que tiene el sector privado en la seguridad nacional.
En cualquier caso, el senador popular Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu insiste: la moción está registrada para ser incluida en alguna sesión de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, lo cual, para él, es “un recordatorio de un compromiso muy antiguo del Gobierno”. El dirigente del PP espera que se pueda debatir antes de verano.
El PP ha preguntado al Gobierno también por ello en otras comparecencias como en la ponencia de ciberseguridad, que también está dentro de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Fue, en concreto, a la general Loreto Álvarez, del Ejército del Aire, quien, según Otazu, les aseguró que iba a salir adelante, pero, “por la razón que sea, se está atrasando”.
Seguridad económica
Durante su conversación con El Faro, el senador pone el énfasis en que este plan no sólo se refiere a la seguridad física de las personas, sino también dotar de seguridad económica y comercial a las dos ciudades autónomas. “La seguridad tiene muchos componentes al margen de los estrictamente referidos a la seguridad física. Están la seguridad económica, la comercial y la de supervivencia del modelo económico de la Ciudad desde el punto de vista laboral, social, etcétera”, profundiza.
Se refiere el PP, dice Otazu, a la posibilidad de que Melilla -en este caso- tenga “vías de sostenimiento comerciales y económicas que ahora mismo están comprometidas por muchos inconvenientes”. En especial, opinan los populares, según cuenta su representante en la Cámara Alta, que las dos ciudades autónomas “están afectadas por las actuaciones de Marruecos y todas estas cuestiones que tienen un impacto negativo en su economía”, por lo que el Gobierno tiene que incluir en ese plan de seguridad nacional la promoción de iniciativas que favorezcan el progreso económico de ambas.
El senador repasa algunas de estas medidas, muchas de las cuales suenan muy familiares a los melillenses porque se lleva tiempo hablando de ellas. Así, está -en consonancia con la aspiración de la Ciudad Autónoma de expandir la educación universitaria- la propuesta de creación de más grados, lo que contribuiría a impulsar la economía movilizando el consumo de una mayor cantidad de estudiantes o mediante el alquiler de viviendas. Cita también el dirigente del PP la promoción de la actividad económica y comercial ‘online’ para la creación de negocios. Recuerda Otazu, “para que los pequeños empresarios puedan acometer la contratación de personal con incentivos para ello”, la bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social, que fue modificada mediante el Real Decreto 1/2023, primero, y por el Real Decreto 660/2023 más tarde, y que pasó del 50 por ciento a 262 euros mensuales.
Tal como recalca Otazu, quieren que ese plan de seguridad integral para Ceuta y Melilla no sólo comprenda todo aquello que está vinculado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil -frontera, aduana o extranjería-, sino que también proporcione seguridad económica.
Seguridad física
En cuanto a lo que es comúnmente entendido por seguridad, sí cree el PP que hacen falta más efectivos y material para estos dos cuerpos. En este sentido, Otazu afirma que es una demanda antigua del PP que también forma parte del plan que las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil no dependan sólo del número de ciudadanos que vivan en determinada población, sino que también se tengan en cuenta sus características a la hora del reparto. En el caso de Melilla, cree que habría que tomar en consideración ciertas características particulares, como que es “una ciudad fronteriza, alejada de la península, en el continente africano, con un vecino -Marruecos- que plantea determinadas dificultades”.
“No es lo mismo una ciudad de 86.000 personas en la península que extrapeninsular, y, en el caso de la extrapeninsularidad, no son lo mismo las islas que el continente africano. Las vicisitudes particulares de esta ciudad deben ser analizadas individualizadamente”, considera el senador popular.
Mil militares más
Los populares ya plantearon en junio de 2024, también en materia de seguridad, pero en este caso en la Comisión de Defensa y fuera de ese plan de seguridad integral para Melilla y Ceuta, el aumento del unidades en el Ejército. En la actualidad, entre los tres ejércitos -tierra, mar y aire- hay unos 116.000 efectivos, un número que se ha ido reduciendo en los últimos años –“se desmanteló en 2011”, según el senador popular- conforme aumentaban los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque esto no se haya visto reflejado en Melilla ni en Ceuta, sino en otras partes del territorio nacional.
Lo que el PP pide -y también tiene “pendiente” el Gobierno, según Otazu- es incrementar su número hasta los 140.000 militares, que es el máximo que permite la ley, y abrir la posibilidad de ampliar el número.
Pata Melilla concretamente solicitan que, con ese incremento de 24.000 personas en las Fuerzas Armadas, se recuperaran unidades extintas en Ceuta y Melilla como son la II y V Banderas de la Legión y los segundos tabores de los grupos de Regulares con el fin de tener más efectivos, con lo que conlleva de mayor presencia tanto del Ejército como de ciudadanos. Serían, según sus cuentas, mil militares más para Melilla, 500 en cada unidad.
Todo este conjunto, ha concluido Otazu, forma parte de un plan de seguridad en el que todo tiene un impacto transversal, puesto que la defensa tiene un influencia también en la economía -en tanto en cuanto el aumento de los militares en el Ejército también contribuirían a reactivar a economía- e incluso en lo que ha denominado “la sostenibilidad de las ciudades”.
