Doce organizaciones humanitarias han advertido este martes, en un comunicado conjunto recogido por EFE, de las "fatales consecuencias" que podría tener para el derecho de asilo y los derechos humanos el decreto ley con el que el Gobierno pretende acelerar las expulsiones a Marruecos de los migrantes que permanecen en Ceuta desde finales de julio.
A juicio de las entidades, la propuesta introduce un "régimen de excepción al derecho de asilo por razón de lugar y tiempo" con efecto retroactivo sobre quienes pidieron protección internacional desde el 30 de julio de 2026.
El texto lo suscriben la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Movimiento por la Paz (MPDL), Servicio Jesuita a Migrantes, Red Acoge, Federación Sur Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), Irídia, Red de Acogida del Puerto de Santa María, Oxfam Intermón, Entreculturas, Coordinadora CIE No Cádiz y la Red de Apoyo a Inmigrante Dimbali.
Su principal inquietud es el principio de no devolución, uno de los pilares de la Convención de Ginebra. Según el comunicado, el decreto prevé casos en los que quien pide asilo no podría permanecer en España mientras se resuelve su petición, e incluso supuestos en los que ese principio no podría invocarse.
Recuerdan que esta garantía no se limita a los solicitantes de asilo, ya que la recogen también el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de la ONU contra la Tortura, y protege a toda persona cuya vida corra peligro si es devuelta.
Critican además que la norma inadmitiría las solicitudes de asilo presentadas más de siete días después de notificarse la orden de devolución, expulsión o denegación de entrada, una previsión que el Pacto Europeo de Migración y Asilo no obliga a aplicar. Alegan que los retrasos pueden deberse a la falta de información o a las dificultades en los triajes.
También consideran que se lesionaría la tutela judicial efectiva, al fijar para recurrir las resoluciones desfavorables un plazo más corto que el previsto en el pacto. Con cinco días naturales, sostienen, es inviable designar abogados de oficio que examinen el expediente con el afectado y preparen su defensa.
El decreto responde a la entrada masiva en Ceuta del 30 y 31 de julio. Según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, más de 10.000 migrantes siguen en la ciudad. De acuerdo con lo publicado por elDiario.es, el borrador permitiría a la Dirección General de Protección Internacional resolver expedientes sin pasar por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, donde participa Acnur. Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, ya ha anunciado su rechazo.
Las organizaciones piden al Gobierno que renuncie a presentar la propuesta y que cumpla su compromiso de aplicar el pacto europeo de la manera menos lesiva posible para el derecho de asilo.
