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La petición surge a raíz de la condena a España por dos expulsiones en Meilla en 2014
Las principales ONG de apoyo a migrantes exigen al Gobierno que cambie su política migratoria en las fronteras, tras la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la devolución en caliente a Marruecos de dos inmigrantes que saltaron la valla de Melilla en agosto de 2014.
La sentencia, que puede ser recurrida y que impone una indemnización de 5.000 euros por daños morales a cada uno de los demandantes, explica que fueron expulsados “sin que antes tuvieran acceso a intérpretes y a una asistencia jurídica”.
En concreto, las organizaciones sociales exigen que se revisen las disposiciones que regulan el rechazo en frontera, tanto de la Ley de Extranjería, como de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana.
Para Carlos Artundo, de Médicos del Mundo, la sentencia “es el toque de atención a las prácticas y a las políticas que hace en la frontera sur el Gobierno español y el Ministerio del Interior con respecto no sólo a las devoluciones en caliente, sino en general por vulneración de derechos”.
“Las políticas migratorias que se están haciendo en Europa son un desastre y no solucionan el problema migratorio, sino que vulneran los derechos humanos por lo que hay que replantear también esas políticas europeas”, añadió.
Según la secretaria general de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Estrella Galán, “la sentencia evidencia la ilegalidad de estas prácticas a las que se pretendió dar cobertura legal a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, por lo que debería ser inmediatamente reformada”.
Para CEAR, es importante que el tribunal no reconozca “la existencia de un régimen excepcional para Melilla y Ceuta, indicando que ‘la línea fronteriza entre el Reino de Marruecos y las dos ciudades es la delimitada por los tratados internacionales’ desacreditando así, el argumento de ‘frontera móvil’ que alegaban las autoridades españolas”.
“Esta violación de derechos humanos ha durado demasiado: es necesario que el Gobierno ponga fin de una vez por todas a las expulsiones en caliente; ninguna persona debe ser expulsada de una manera directa o indirecta y sin los debidos procedimientos individualizados a un lugar donde su vida, su integridad o su libertad puedan correr peligro”, advirtió Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Una entidad que dijo que viene denunciando la situación desde 1995.
Por su parte, Andalucía Acoge recuerda que la sentencia del tribunal europeo “confirma la ilegalidad de las devoluciones en caliente de inmigrantes” que han denunciado insistentemente ante este mismo tribunal por hechos similares, en los que además hubo agresión policial.
Explica que se trata de “expulsiones colectivas prohibidas por la Convención Europea de Derechos Humanos, que privan a los denunciantes de interponer el recurso correspondiente ante esta situación”.
Oxfam Intermón confía en que este fallo judicial, “que confirma las críticas de las ONG por las devoluciones de migrantes que siempre hemos calificado de ilegales”, obliguen al Gobierno a cambiar la Ley de Extranjería, “que ampara estas devoluciones”.
SOS Racismo reclama que “se cumpla de forma inmediata y que se aplique la legalidad vigente” y opina que el fallo del tribunal europeo va a suponer “una cierta garantía a la Guardia Civil sobre lo que se puede y no se puede hacer”.
También, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha solicitado que “de manera urgente” procedan a dar “todas las instrucciones necesarias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado” para paralizar las devoluciones en caliente .
Asimismo, Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) considera que la decisión es “positiva”, aunque aún está analizando la sentencia.
Además, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) apunta esta sentencia viene a confirmar lo que muchas organizaciones llevan tiempo denunciando. Insisten en que no se pueden hacer devoluciones en grupo y sin identificar y dejan claro que la modificación de la Ley de Extranjería no puede amparar estas prácticas.
Palazón: “Ya no tienen ni argumentos ni leyes para justificar estas expulsiones”
El líder de la ONG local Prodein, José Palazón, aseguró ayer en declaraciones a El Faro que la sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condena a España por dos ‘devoluciones en caliente’, demuestra que estas prácticas son ilegales. Algo que recordó que Prodein lleva años denunciando. Recalcó que el Gobierno se ha venido saltando la ley durante mucho tiempo y dijo que “era evidente que esto iba a ocurrir”. “Se quedaron sin argumentos y sin leyes para defender estas expulsiones”, aseguró Palazón, que consideró que a partir de ahora debería de dejar de verse este tipo de actuación “si estamos en un país civilizado y respetuoso con los Derechos Humanos”.
