La publicación de las listas de los planes de empleo que aún están pendientes por parte del SEPE va a sufrir un retraso, según han anunciado este viernes fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno. El motivo son las sentencias del Juzgado de lo Social sobre el Plan de Empleo de Melilla de 2023 y consiguientes declaraciones realizadas por organizaciones sindicales sobre esta cuestión, así como la necesidad de que los servicios jurídicos valoren previamente las posibles implicaciones de esos fallos judiciales en el actual Plan de Empleo y las contrataciones que deben realizarse.
Las mismas fuentes oficiales han dejado claro que la Delegación del Gobierno y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) van a esperar a que sean resueltas las consultas pertinentes a los servicios jurídicos antes de la publicación de nuevas listas y la puesta en marcha de las contrataciones restantes, con el objetivo de disipar cualquier posible incidencia y que los beneficiarios de estos Planes de Empleo puedan desarrollar su puesto de trabajo con todas las garantías.
Tanto el SEPE como la Delegación del Gobierno son conscientes "de los beneficios y del impacto positivo que la puesta en marcha de los Planes de Empleo tienen en la sociedad, entre la ciudadanía y en los organismos en los que se desarrollan" y, por ello, lamentan las molestias que este impasse pueda conllevar y han mostrado su deseo de que esta cuestión se solvente en el menor tiempo posible.
En ese sentido cabe resaltar que la CGT ganó los juicios individuales planteados contra los planes de empleo de la Delegación del Gobierno desde 2019, según aseguró la central sindical. Según afirma, el resultado ha sido "muy favorable" porque por un lado se han juzgado las diferencias salariales con respecto al IV Convenio de la Administración General del Estado y por otro la discriminación y trato desigual que se ha otorgado por la administración al personal contratado a través de esos planes.
Además, se da la circunstancia que estas sentencias son consideradas “pleito testigo”, lo cual quiere decir que la resolución será la misma para los cientos de demandas presentadas por CGT contra la Delegación del Gobierno por idénticos motivos.
Las dos sentencias dictadas hasta ahora admiten recurso dada la afectación general de su aplicación, si bien cabe destacar que el juzgador ha atendido la solicitud de la asesoría jurídica de CGT de aplicar el 10% de interés por mora sobre las cuantías reclamadas y estimadas, correspondientes a los últimos años en los procedimientos de reclamaciones de cantidad y una indemnización de 3000 euros por violación del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación establecido en el art. 14 de la Constitución Española para las demandas por vulneración de Derechos Fundamentales.
