El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que el recién aprobado Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista (PPPyRA) “se adapta al riesgo que entrañan los modernos procesos de radicalización hacia diferentes tipos de extremismos violentos, en particular los de carácter yihadista”.
La nueva estrategia actualiza el plan antiterrorista acordado en 2005 y posteriormente revisado en 2009 y 2015, y pone énfasis en el fenómeno de la radicalización de tipo yihadista, cuya principal expresión –señala el ministro- son las acciones violentas protagonizadas por los llamados ‘actores solitarios’ y por grupos o células auto-radicalizadas.
Al informar de las líneas maestras del PPPyRA a los grupos parlamentarios reunidos hoy en la sede del departamento, Grande-Marlaska ha asegurado que “la lucha contra todo tipo de terrorismo y extremismos violentos requiere de la unidad política y social; nuestra experiencia nos enseña que el consenso político y social tejido en torno a las sucesivas actualizaciones del Plan Antiterrorista es una de las más sólidas fortalezas de nuestra estrategia”.
Explicó además que el plan mantiene los cinco actuales niveles de riesgo, pero introduce una importante novedad en materia de respuesta a un ataque de tipo terrorista al estrenar procedimientos que permitan identificar, localizar y capturar a los autores, así como favorecer una pronta recuperación y vuelta a la normalidad ciudadana e institucional.
Otro elemento a destacar es que a partir de ahora, en caso de ocurrir un atentado, será el cuerpo policial con competencias en el territorio donde se ha cometido quien encabece la investigación en un primer momento.
Además, se anunció la creación de unos centros territoriales en los que se integrará la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo para garantizar “la asistencia integral a las víctimas, de acuerdo con la legislación vigente”.
La nota de prensa refiere que el PPPyRA ha sido elaborado por un grupo de trabajo del Ministerio del Interior que ha estado integrado por expertos de la Secretaría de Estado de Seguridad y su Dirección General de Coordinación y Estudios; del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad; de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, y de las direcciones generales de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y de Protección Civil y Emergencias, ambas adscritas a la Subsecretaría del Ministerio del Interior.
