Bruselas aprobó ayer un plan migratorio que descarta obligar a los países de la Unión Europea a acoger solicitantes de asilo y apuesta por proteger las fronteras y agilizar el retorno de quienes no pueden permanecer en la Unión.
Crisis de los refugiados
Han pasado cinco años desde la "crisis de los refugiados" en la que cerca de 1,9 millones de migrantes, en su gran mayoría refugiados, llegaron a la UE huyendo del conflicto de Siria, una situación que generó numerosas tensiones en la UE por la negativa de los países de Visegrado (Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia) a participar en su acogida. Ahora las cifras de irregulares interceptados en las fronteras europeas son muy inferiores (142.000 en 2019, según la Comisión Europea) y entre ellos solo un tercio tiene derecho a pedir el asilo, explicó la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, en un encuentro con un grupo de periodistas, incluido EFE, este martes.
El cambio de realidad justifica un cambio de enfoque, según argumenta Bruselas, para explicar la nueva propuesta, menos centrada en la acogida de migrantes que en su devolución.
Uno de los pilares de la propuesta consiste en dotar a la UE de procedimientos más efectivos para controlar las fronteras exteriores e incluye por primera vez una "evaluación previa" de los migrantes que cruzan de manera irregular o han sido desembarcados tras una operación de búsqueda y salvamento en el mar.
Serán identificados, se llevarán a cabo los controles de seguridad y sanitarias, se les tomarán las huellas dactilares y serán registrados en la base de datos Eurodac (de huellas dactilares) para gestionar la inmigración irregular.
Ese examen servirá para decidir si deben seguir un procedimiento normal de solicitud de asilo o un procedimiento fronterizo, que se aplicará cuando hay pocas posibilidades de que pueda pedir protección internacional, lo que agilizará los retornos.
A la vez se incluirá un mecanismo de control para evitar las devoluciones en caliente.
Solidaridad a la carta
El esperado paquete de medidas introduce un mecanismo de solidaridad que se activará cuando un país esté bajo "presión" o en una situación de "emergencia".
Si un país sufre "presión" migratoria, algo que evaluará Bruselas, se activará el mecanismo que obligará al resto de Estados miembros a elegir entre acoger a una parte de los migrantes, participar en las devoluciones o implicarse con un apoyo operativo, por ejemplo financiando la construcción de un campo de refugiados.
En el caso de los migrantes rescatados en el mar, se procederá a acoger a quienes necesiten protección, sobre la base de un sistema de contribuciones nacionales basado en aportaciones voluntarias.
El nuevo mecanismo también servirá para las situaciones de "emergencia", por ejemplo si se repitiera una crisis como la de 2015, pero en ese caso funcionará de manera más contundente y con otros plazos para adaptarse mejor a esas necesidades. El denso paquete presentado hoy incluye ideas nuevas, en particular los llamados "retornos patrocinados", en los que podrán participar los países que no quieran acoger migrantes pero deseen ayudar en las devoluciones.
Podrá consistir en organizar vuelos de retorno o en llevar a cabo los contactos diplomáticos necesarios para facilitar las devoluciones de migrantes, lo que se llevará a cabo directamente entre los Estados y sin intervención de la Comisión.
Vías legales
La propuesta también incluirá la creación de vías legales de entrada e impulsar los reasentamientos de personas que ya disfrutan de protección internacional pero se encuentran fuera de la UE.
Además, se buscarán "asociaciones" con países terceros para permitir el acceso de personas que se ajusten a las necesidades laborales y de competencias en el mercado europeo. "Proponemos una solución europea para restablecer la confianza entre los Estados miembros" y para recuperar la confianza de los ciudadanos europeos en "nuestra capacidad de gestionar la migración como Unión", dijo Von der Leyen en una declaración.
