Nueva Melilla reclama la creación urgente de dos juzgados de lo Social en la ciudad

Isaac Fernández denuncia que la saturación del único existente provoca retrasos de hasta dos años para resolver procedimientos laborales

Nueva Melilla ha solicitado públicamente al Ministerio de Justicia la creación urgente de al menos dos nuevos juzgados de lo Social en la ciudad, ante lo que califica como una situación insostenible para los trabajadores melillenses. Según ha denunciado su portavoz, Isaac Fernández, la saturación del único juzgado existente provoca demoras de hasta dos años en la resolución de procedimientos laborales, lo que afecta de manera directa a los colectivos más vulnerables de la ciudad.

El portavoz del partido ha asegurado que el sistema de justicia laboral en Melilla está completamente colapsado y que, con un solo juzgado operativo, resulta imposible garantizar una respuesta judicial en plazos razonables. Esta situación, ha afirmado, ha generado un profundo malestar social y ha empujado a trabajadores afectados por diferentes conflictos a movilizarse en busca de soluciones.

Nueva Melilla denuncia que procedimientos laborales como los despidos, que deberían resolverse en un plazo de uno o dos meses, están tardando más de un año en celebrarse. Esta demora prolongada deja a los trabajadores sin ingresos y sin una resolución judicial durante meses, lo que los sitúa en una posición de desprotección y vulnerabilidad absoluta. Fernández ha señalado que muchas de estas personas se ven atrapadas en una situación de indefensión total mientras esperan una sentencia que no llega, lo cual vulnera su derecho a una justicia efectiva.

También se ha alertado de que las reclamaciones de cantidad, fundamentales para muchos empleados que intentan recuperar salarios u otras cuantías devengadas, están acumulando retrasos de más de dos años. En opinión del partido, esta lentitud no solo retrasa la resolución de los conflictos, sino que también profundiza situaciones de precariedad y abuso, especialmente en sectores con condiciones laborales ya difíciles.

Nueva Melilla pone el foco en el caso concreto de los trabajadores de Alvalop, una de las empresas concesionarias de servicios públicos en la ciudad. Los empleados de esta empresa llevan tiempo denunciando conflictos internos y situaciones laborales complejas que, en muchos casos, no han encontrado respuesta en sede judicial. La formación considera especialmente grave que estos trabajadores se vean obligados a esperar años para obtener una sentencia que resuelva cuestiones tan básicas como el cobro de cantidades adeudadas o el reconocimiento de sus derechos laborales.

Otro de los ámbitos en los que, según Nueva Melilla, se evidencia el colapso judicial es el de los procedimientos por incapacidad permanente. Las personas que no pueden trabajar por motivos médicos y recurren a los tribunales para que se les reconozca este derecho se enfrentan a esperas de entre dieciocho y veinticuatro meses, e incluso más, para obtener una resolución. Durante todo ese tiempo, según denuncia el partido, quedan en un limbo judicial y económico que agrava su situación personal y familiar.

También se ha recordado que los trabajadores de los planes de empleo han protagonizado recientemente protestas para denunciar sus condiciones laborales y exigir una respuesta judicial ante sus reclamaciones. La falta de resolución por parte del juzgado de lo Social se repite en estos casos, donde la demora también está teniendo consecuencias directas en la vida de quienes se ven obligados a acudir a la justicia.

Ante este escenario, Nueva Melilla reclama al Ministerio de Justicia y a los responsables de la planta judicial que actúen de forma inmediata para corregir esta situación. La formación solicita que se dote a Melilla de al menos dos nuevos juzgados de lo Social, y no descarta reclamar un tercero si fuera necesario. Según ha declarado Fernández, una justicia que tarda años en llegar no puede considerarse justicia, sino abandono institucional.

La formación asegura que continuará apoyando a los trabajadores afectados, tanto de Alvalop como de las empresas concesionarias, los planes de empleo y el resto de colectivos que hoy se encuentran atrapados en un sistema judicial colapsado. Afirman que seguirán exigiendo soluciones porque Melilla, insisten, no puede seguir esperando.

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