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Nueva Melilla pide la dimisión de Manuel Ángel Quevedo por la gestión del puerto Noray

El portavoz de la formación, Isaac Fernández, denuncia el "uso abusivo de su cargo" del presidente de la Autoridad Portuaria

La formación política Nueva Melilla ha exigido la dimisión inmediata de Manuel Ángel Quevedo como presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla.

El portavoz del partido, Isaac Fernández, ha pedido la renuncia de Quevedo, aduciendo su "mala gestión" al frente del organismo y, especialmente, por la "situación crítica" en la que se encuentra actualmente el puerto deportivo de Noray. Una zona, dijo, prácticamente vacía de actividad comercial.

"Desde que el señor Quevedo asumió la presidencia de la Autoridad Portuaria, el puerto de Noray ha sufrido un progresivo cierre de negocios, la salida de empresas históricas y una pérdida evidente de atractivo económico y social. Frente a esta realidad, el presidente de la Autoridad Portuaria se limita a culpar siempre a terceros, sin asumir en ningún momento su responsabilidad directa en el deterioro del puerto".

Fernández ha denunciado como a la gestión de la Autoridad Portuaria, se está produciendo un hecho de especial gravedad: "El uso sistemático de la Autoridad Portuaria como instrumento de intimidación política".

Y es que el portavoz de Nueva Melilla ha acusado a Manuel Ángel Quevedo de amenazar de forma recurrente mediante el uso de querellas, denuncias y demandas a ciudadanos, periodistas, empresarios y representantes de la oposición por, según dijo, atreverse a criticar su actuación al frente de la Autoridad Portuaria.

"Amenazas que, además, se formulan desde una institución pública, utilizando recursos públicos para conflictos de naturaleza personal o política".

En este sentido, desde Nueva Melilla consideran que se está produciendo una "utilización abusiva" de los servicios públicos en beneficio propio. Una actuación incompatible tanto con los principios democráticos como con una gestión transparente de lo público.

"Si el señor Quevedo considera que alguien ha cometido una infracción, debe acudir a los tribunales a título personal, como cualquier ciudadano y no parapetarse tras una institución para intimidar a quienes ejercen su derecho a la crítica".

Además, han denunciado el uso de información administrativa y económica de empresarios particulares de la ciudad por parte de la Autoridad Portuaria. Una cuestión en la que, tal y como han asegurado, se ha expuesto públicamente la situación de negocios privados con el objetivo de "desacreditar y presionar a ciudadanos críticos con su gestión".

"Esto supone una posible vulneración de la normativa de protección de datos y, en cualquier caso, un abuso de poder institucional inadmisible. Desde Nueva Melilla consideramos que un cargo público no puede difundir ni valorar públicamente la situación económica particular de ningún ciudadano. No le corresponde, no es su función y no es democrático".

ITM Group

Asimismo, Nueva Melilla exigen explicaciones a Manuel Ángel Quevedo sobre los acuerdos, que califican de "opacos", con el consorcio mexicano de cruceros, ITM Group.

Una operación en la que según afirmaron, se está generando una "enorme preocupación" en la ciudadanía melillense, tanto por "falta de transparencia" como por la sensación general de que el puerto deportivo se está orientando a "intereses privados ajenos a la ciudad".

"El puerto Noray fue durante años un espacio vivo, abierto y referente social de la ciudad. Hoy se encuentra vacío, degradado y sin proyecto claro, mientras se prepara su cesión a operadores externos sin debate público ni información suficiente".

Por todo ello, Nueva Melilla considera que Manuel Ángel Quevedo haría mejor en "regresar a su actividad profesional privada" y permitir que otra persona, "con mayor capacidad de diálogo, transparencia y respeto institucional", asuma la gestión de una infraestructura estratégica para la ciudad autónoma.

"El presidente de la Autoridad Portuaria debe aceptar las críticas, dar explicaciones públicas y asumir responsabilidades políticas, en lugar de recurrir a la amenaza judicial y a la exposición de datos privados como forma de silenciar la disidencia. El modelo de gestión basado en la intimidación, la opacidad, la utilización de datos personales y el deterioro de lo público es profundamente antidemocrático y perjudica gravemente los intereses de Melilla".

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