Nueva Melilla exige explicaciones por la contratación "a dedo" por parte del Ingesa

Nueva Melilla ha criticado públicamente las “graves irregularidades” detectadas por el Tribunal de Cuentas y la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) en la contratación pública realizada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, en la ciudad de Melilla.

La formación de nuevo cuño apunta que, según los informes publicados y los datos analizados por diversos medios nacionales, el uso masivo de contratos sin procedimiento, es decir, adjudicaciones directas, fue la "norma" en el Hospital Comarcal de Melilla durante los años 2022 y 2023.

En concreto, según estas cifras, en 2022 se tramitaron 4.417 expedientes por valor de 7.086.696 euros, el 96,5% de los cuales fueron compras directas, sin procedimiento, sólo dos se realizaron mediante procedimiento abierto y uno mediante acuerdo marco.

En 2023, el partido resalta que hubo 4342 expedientes por un total de 7.202.180 euros. De ellos, asegura Nueva Melilla el 89,5% fueron también adjudicados sin procedimiento y ese año sólo se firmaron dos contratos abiertos y uno menor.

Además, el informe de la IGSS ya advertía en 2021 de que el 56% de las obligaciones del Hospital Comarcal de Melilla no estaban respaldadas por contratos formales.

Por si fuera poco, Nueva Melilla indica que el Tribunal de Cuentas alerta sobre una “altísima” concentración de proveedores, con 254 recibiendo pagos directos, con 13 concentrando el 50% del gasto total y 31 acaparando el 75%.

Para esta formación, esta forma de proceder reduce la competencia, favorece relaciones preferenciales y debilita el control del gasto público.

Por ello, Nueva Melilla exige explicaciones “inmediatas y urgentes” a la Delegación del Gobierno sobre la gestión de los fondos públicos por parte del Ingesa en la ciudad, así como la depuración de responsabilidades por “esta mala praxis administrativa” y la implantación de medidas “reales y efectivas” que garanticen la legalidad, el control y la transparencia en la contratación pública sanitaria.

“Melilla merece una sanidad transparente, justa y bien gestionada. No permitiremos que millones de euros se sigan adjudicando a dedo”, prosigue la formación, que avisa de que permanecerá “vigilante”, porque la ciudadanía tiene derecho a saber lo que sucede.