Melilla no puede permitirse caer en la peligrosa tentación de normalizar determinados comportamientos delictivos que, lejos de ser simples actos vandálicos, suponen un ataque directo contra quienes trabajan para protegernos. Las emboscadas contra los servicios de emergencia —mediante incendios provocados o llamadas falsas para atraer a bomberos o policías y después apedrearlos— representan una forma de violencia que debería provocar una condena unánime y sin matices por parte de toda la sociedad.
La reciente emboscada sufrida por los bomberos en el barrio de La Cañada ya resultaba suficientemente alarmante. En aquel caso, los servicios de emergencia acudieron tras recibir un aviso de incendio que resultó ser falso y terminaron siendo recibidos con una lluvia de piedras. Sin embargo, lejos de tratarse de un episodio aislado, en la madrugada de este jueves se produjo un nuevo intento de apedreamiento en el barrio de Las Palmeras. Dos hechos cercanos en el tiempo que evidencian que el problema existe y que no puede minimizarse ni tratarse como una simple travesura de unos cuantos jóvenes.
Incendiar contenedores de basura o provocar falsas alarmas para movilizar a los servicios de emergencia no es una broma. Es un delito. Cada contenedor quemado supone un daño al patrimonio público que todos los ciudadanos terminan pagando. Cada salida innecesaria de bomberos o policías implica la movilización de recursos humanos y materiales que podrían estar siendo necesarios en otro lugar. En definitiva, se trata de acciones que perjudican al conjunto de la ciudad.
Pero más allá del coste económico, lo verdaderamente grave es el riesgo que estas emboscadas suponen para los profesionales que acuden a prestar servicio. Bomberos y policías se desplazan a estos avisos con la única intención de ayudar, de intervenir ante una posible emergencia y de proteger a los vecinos. Encontrarse con una emboscada organizada para recibirlos a pedradas revela hasta qué punto algunos individuos están dispuestos a convertir el barrio en un escenario de violencia gratuita.
No se trata solo de un problema de seguridad, sino también de convivencia. Una ciudad no puede avanzar si tolera comportamientos que ponen en peligro a quienes trabajan para garantizar el bienestar colectivo. La normalización de estos actos sería un error grave, porque transmitiría la idea de que este tipo de conductas pueden quedar impunes o ser consideradas parte del paisaje cotidiano de determinados barrios.
Aquí entra también en juego la responsabilidad social. Los melillenses deben estar al unísono contra el delito. No vale mirar hacia otro lado porque el responsable sea el hijo del vecino, el amigo de nuestro hijo o un familiar cercano. El delito sigue siendo delito independientemente de quién lo cometa. El silencio, la indiferencia o la excusa fácil solo contribuyen a que estos comportamientos se repitan.
Si una sociedad quiere frenar este tipo de situaciones, debe dejar claro que no las tolera. Denunciar estos hechos, colaborar con las autoridades y exigir responsabilidades es una forma de proteger la convivencia y de respaldar a quienes arriesgan su integridad para prestar un servicio público esencial.
Porque no debemos olvidar que los bomberos y los policías que acuden a estos avisos lo hacen con la voluntad de ayudar. Acuden pensando que alguien necesita auxilio. Convertir esa vocación de servicio en una trampa es una muestra alarmante de degradación cívica.
Ojalá nunca tengamos que lamentar daños personales entre estos profesionales. Pero confiar en que eso no ocurra no basta. Es imprescindible que quienes participan en estos actos respondan ante la Justicia y que comprendan que sus acciones tienen consecuencias. Y si los responsables son menores, también sus familias deberán asumir el coste de los daños y de los recursos movilizados.
Melilla no puede acostumbrarse a convivir con este tipo de episodios. No puede aceptar que atacar a los servicios de emergencia se convierta en algo habitual. Porque cuando una sociedad empieza a normalizar el delito, el siguiente paso es que el delito termine por imponerse. Y ese es un camino que ninguna ciudad debería estar dispuesta a recorrer.
