No había vivido la Ciudad Autónoma de Melilla una jornada tan convulsa desde que el actual presidente, Eduardo de Castro, había sido elegido máximo responsable del Gobierno en aquella reunión constitutiva del pleno en el mes de junio.
La aparición de la sentencia referida a una viceconsejera de Ceuta, donde el Tribunal Supremo mantiene que su nombramiento no es válido y habla de que no existe el derecho a nombra consejeros y viceconsejeros no electos, ha provocado una verdadera tormenta política.
Por un lado, la oposición y Vox que han pedido la dimisión inmediata de estos consejeros y viceconsejeros, cuando al menos el PP en el año 2017 mantenía una postura contraria. Por otro lado, los partidos del equipo de gobierno (CpM, PSOE y Ciudadanos) que pedían a voz en grito en 2017 el cese de consejeros y viceconsejeros no electos y ahora les ha caído encima todo el tinglado. También el equipo de gobierno ha decidido frenar, de alguna manera, la labor de estos políticos no electos y como primera medida, los presupuestos se encuentran aparcados hasta nueva orden.
En Melilla se ha montado un verdadero circo que no se ha producido en Ceuta, o al menos, en la otra ciudad ha sido más mesurado. Se debe partir de la base que esta sentencia afecta a la Ciudad Autónoma de Ceuta y hasta ahora nadie ha llevado al contencioso el acuerdo de la Asamblea de Melilla de enero de 2017 donde se le daban competencias al presidente de la Ciudad para la elección de sus consejeros y viceconsejeros.
Si en Ceuta, el propio presidente Vivas está pensando en recurrir al Tribunal Constitucional para seguir defendiendo el derecho de la autonomía ceutí de autoorganización, de acuerdo con sus Reglamentos de Asamblea y de Consejo de Gobierno, ¿qué están haciendo en Melilla queriendo ser más papistas que el Papa?.
Hay un informe de los servicios técnicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, pedido en el año 2017 por el entonces presidente Imbroda, donde se mantiene que esta sentencia de ahora del Supremo, cuando no era nada más que una sentencia del TSJA, no era de cumplimiento en Melilla aunque llegara a ser firme, como sucede ahora con la negación de la casación a Ceuta por parte de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Además, tampoco se puede olvidar que hay dos votos particulares de magistrados de esta Sala de lo Contencioso que no están de acuerdo con la opinión de la mayoría de sus compañeros. Con lo cual la tesis defendida por la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el año 2017, que fue corroborada por la Ciudad Autónoma de Melilla con Imbroda a la cabeza, no era tan denostada ni tan desastrosa.
Los partidos, de uno y otro signo, deberían pensar que los intereses generales de la Ciudad Autónoma están por encima de los intereses partidistas de las formaciones políticas. En definitiva, que los intereses de los melillenses están por encima de los intereses de De Castro, de Imbroda, de Aberchán o de Gloria Rojas. Y que la Ciudad Autónoma está ante una crisis económica importante y otra que se nos avecina a nivel internacional y que también repercutirá, por lo que la estabilidad es esencial. Y no importa el Gobierno que esté porque, en definitiva, las formas no fueron las adecuadas, pero el actual tripartito cuenta con 13 votos sobre 25. Piensen, señores políticos, que no se puede montar un circo con esta medida, que la estabilidad está por encima de todo y piensen primero en los melillenses y después en ustedes.
