“No fue baladí la intervención de Marín: su firma fue esencial para una contratación ilegal”

La fiscal incidió en que concurrían demasiados indicios que apuntaban a un delito de prevaricación

La fiscal del ‘caso Arquitecto’, Laura Santa Pau, solicitó el dictado de una sentencia condenatoria para Miguel Marín como presunto autor de un delito de prevaricación administrativa. A su juicio, concurrían demasiados indicios que lo hacen responsable de una contratación que tildó de “ilegal”. Según concluyó la representante del Ministerio Público, el ex consejero de Administraciones Públicas incumplió la normativa de forma grotesca con “clara intención” de mantener contratado al arquitecto que, actualmente, sigue trabajando para la Ciudad Autónoma. “No fue baladí la intervención de Marín: su firma fue esencial para que se llevase a cabo una contratación ilegal”, hizo hincapié Santa Pau.

La acusación popular estuvo de acuerdo con las conclusiones de la fiscal, a las que se adhirió. Según expuso, puede que la intención de la Ciudad fuese contratar a esta persona porque resultase “menos incómoda”, motivo por el que, apuntó, se buscó a toda costa que consiguiera la condición de personal indefinido.

“Es la Ciudad Autónoma la que ha dispuesto la forma de contratación, aplicando sus propias normas”, incidió el letrado José Miguel Pérez, en representación de Dionisio Muñoz, CpM y el sindicato Manos Limpias.

“No hay elemento subjetivo”

La abogada de Miguel Marín, María José Aguilar Silveti, reclamó la libre absolución de su defendido. Según alegó, no se había probado de ningún modo la intencionalidad por la que, supuestamente, el procesado estaba tan interesado en mantener contratado al arquitecto.

Al respecto, incidió en que este profesional comenzó cubriendo una baja, para lo que tuvo que superar un proceso selectivo. Además, expuso que nadie buscó ese solapamiento del puesto de trabajo que se dio al incorporarse el titular de la plaza. “Las altas y las bajas pertenecían a negociados distintos y es difícil controlar este tipo de burocracia administrativa”, manifestó Aguilar.

“No entendemos cuál es el elemento subjetivo”, sostuvo la letrada de la defensa. A su parecer, la acusación no había conseguido demostrar el supuesto dolo que habría llevado a su cliente a prevaricar. “No hay ningún argumento sólido”, apuntó. Además, Aguilar defendió las sentencias que fallan a favor de Marín.

El caso quedó visto por el juez titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla, que tendrá que dictar una sentencia.