Las medidas anunciadas por el Gobierno central para empezar la desescalada en bares y restaurantes no han gustado a los hosteleros de Melilla ni del resto de España. Muchos ven inviable abrir con un 30% de aforo en terrazas porque no les saldrá rentable hacer frente a los pagos de impuestos y gastos habituales de alquiler, sueldos, gas y luz que conlleva la vuelta a la “nueva normalidad” si tienen que incorporar el 100% de la plantilla, a sabiendas de que trabajarán a medio gas. ¿No tendría más sentido mantener el número de mesas, cumpliendo las distancias establecidas por seguridad, separándolas más entre sí y abarcando más espacio en la vía pública?, se preguntan.
Un conocido empresario de Melilla se quejaba a El Faro de la falta de concreción por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a la hora de especificar qué medidas sanitarias tendrán que implementar los hosteleros para evitar que sus locales se conviertan en focos de la Covid 19, con el consiguiente impacto en toda la sociedad y la posibilidad de, llegado el caso, tener que regresar al confinamiento. ¿Tengo que pagar a una persona para que limpie los aseos cada vez que entre alguien al baño durante 12 horas seguidas? ¿En ese caso, voy a recibir ayudas para abonar su sueldo?, se preguntaba.
Y hay más dudas. ¿Si a un hotel no se le permite el uso de la piscina, qué función asumirán entonces los socorristas y los trabajadores que habitualmente se encargan de su cuidado? ¿Qué pasa con los trabajadores transfronterizos que no pueden entrar en Melilla porque la frontera está cerrada? ¿Hay que despedirlos? ¿En qué condiciones?
En esa misma línea se pronunciaba Chakib Mohamed, presidente de la Asociación de Hosteleros de Melilla. Al dueño de La Traviata le preocupa, en primer lugar, que a día de hoy nadie haya cobrado ni ERTEs, ni ayudas del ICO, ni nada de nada en nuestra ciudad. Como lo oyen: mes y medio después de decretado el primer estado de alarma, el paquete de ayudas único e histórico en democracia sigue sin ser efectivo. Es más, ayer a los empresarios les pasaron los recibos de la Seguridad Social y la cuota de autónomos. No hay ingresos, pero el Estado no deja de recaudar.
Al recelo general ante las lagunas del modelo de desescalada propuesto por Pedro Sánchez se suma la exigencia, por parte de los hosteleros de toda España, de requisitos más flexibles para evitar que la mayor parte del sector en nuestra ciudad vaya a la ruina. Ya tenemos en Salamanca las primeras muestras de cabreo con carteles de “Se traspasa” en todos los locales de la ciudad.
Más que aclarar, el decreto del Gobierno central abre muchas interrogantes hasta el punto de que gran parte de los empresarios se plantean no abrir al público porque es imposible asumir los gastos fijos (personal, género, impuestos, agua, alquiler y luz) incorporando de golpe a toda la plantilla. Por eso piden que los trabajadores puedan seguir cobrando ERTEs y se vayan sumando al trabajo de forma gradual, según se vaya autorizando el uso de más mesas e incluso la barra, que en un primer momento estará vetada al público.
Las dudas se ciernen además sobre qué pasará en las cocinas de los restaurantes; cómo se podrá respetar la distancia mínima entre trabajadores y también entre camareros y clientes; cómo servir una cerveza manteniendo un metro y medio de distancia... De momento, reina el caos. El Gobierno tiene mucho que explicar aún porque esta situación deja dos cosas claras: se ha improvisado y no se ha contado con empresarios del sector para planear la vuelta a la “nueva normalidad” en bares y restaurantes.
“Estamos a favor de la desescalada, pero el decreto del Gobierno está vacío porque no marca las ayudas higiénico-sanitarias”, insiste Chakib Mohamed, que no sabe a qué viene hablar del aire acondicionado cuando hasta ahora no está confirmado científicamente que la Covid 19 se propague en un ambiente similar al de la legionela.
Estamos hablando de volver a la “nueva normalidad” y no entiendo cómo es que nadie ha dado la cara ante los centenares de trabajadores de la hostelería y de otros sectores que no han cobrado aún sus ERTEs. ¿De dónde se supone que han sacado dinero para comer, pagar alquiler o comprar medicinas?
La morosidad de la Administración está arrastrando a miles de familias de esta ciudad a la miseria más absoluta. Es mejor evitar la destrucción de empleos que tener que dar ayudas sociales. Pero eso es algo que nuestros políticos siguen sin entender. Se escudan en la demonización del empresariado cuando todos sabemos que nuestros emprendedores son el motor de la creación de empleo en nuestro país. Si a ellos les va bien, también nos va a bien a la clase media. Es así de simple.
Evidentemente, el Gobierno tendrá que replantearse los detalles de la vuelta a la “nueva normalidad”. Es de sentido común y en ese regreso nos jugamos la continuidad de un sector que amenaza con perder aquí el 30% del músculo si no se toman medidas urgentes. No estamos para experimentos.
