Siete inmigrantes subsaharianos llegaron ayer en patera a la Isla del Congreso, en el archipiélago de Las Chafarinas, y según la ONG Caminando Fronteras, tres de ellos son menores y todos tienen la intención de pedir asilo en nuestro país.
Al cierre de esta edición aún se desconocía cuál sería el futuro de los siete inmigrantes. Tanto la Delegación del Gobierno, como el Ministerio del Interior y la Comandancia Militar de Melilla se limitaron a confirmar ayer por la mañana los hechos, pero ni una palabra sobre lo que iban a hacer con los subsaharianos.
Es evidente que las autoridades intentan silenciar lo que está por venir. Sólo tienen dos caminos: O traen a los inmigrantes a Melilla y asumen el ‘efecto llamada’ o los devuelven a Marruecos, como hicieron en septiembre de 2012 con la mayoría de los que llegaron a Isla de Tierra (foto) y se arriesgan a volver a ser denunciadas en el Tribunal de Estrasburgo.
Lo que piensan hacer las autoridades es una incógnita y con los tira y afloja de la legislación vigente es difícil adivinar qué pasará con esas personas que han expresado su deseo de solicitar protección internacional en España.
Tenemos más o menos claro, primero, que los inmigrantes, según la ONG Caminando Fronteras, tuvieron que encender un fuego para que los militares se percataran de que habían llegado a la Isla del Congreso. O sea, que la vigilancia falló.
En segundo lugar, que la Guardia Civil es la que firmará el final de la película, habida cuenta de que los militares, después de entregar mantas, agua y alimentos a los subsaharianos, los dejaron en manos de la Benemérita.
Y en este punto volvemos a estar ante el mismo dilema: ¿Los guardias civiles cumplirán al pie de la letra la legislación vigente o prevalecerá el acuerdo hispano-marroquí de 1992, adaptado sobre la marcha y en versión libre a las circunstancias de Melilla? Eso, a estas horas, sigue siendo una incógnita.
A la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, le duelen las cuerdas vocales de repetir en el Congreso, en el Senado y ante el primer micrófono que se le pone por delante que lo correcto en estos casos es que la Guardia Civil ponga a los inmigrantes en manos de la Policía Nacional para que ésta les abra un expediente de expulsión de España, como contempla la Ley de Extranjería.
La polémica sobre las ‘devoluciones en caliente’ sigue al rojo vivo y unos partidos lo tienen más difícil que otros. Las elecciones europeas están a las vuelta de la esquina y en plena campaña electoral cualquiera de las dos decisiones que adopte el Gobierno echará leña al fuego. Es lo que tiene gobernar.
