Un rifeño murió ayer en el hospital de Uxda, en el noreste de Marruecos, en circunstancias controvertidas al atribuirse su muerte a la inhalación de gas lacrimógeno durante una de las protestas en el Rif, mientras que las autoridades atribuyen su muerte a una dolencia asmática.
Según informó a Efe el vicepresidente de la Asociación marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en Alhucemas, Abu Ali Benmezian, el fallecido, un taxista identificado como Abdelhafid Haddad, de algo más de 40 años, iba a ser trasladado ayer a la ciudad rifeña para ser enterrado allí.
Según varios medios locales, Haddad -que sufría de asma- fue ingresado primero en el hospital de Alhucemas por supuestamente haber inhalado gas lacrimógeno usado por la policía el pasado día 9 para dispersar las protestas desatadas tras el entierro de un activista rifeño en esa misma ciudad.
La gravedad de su estado hizo que el jueves fuera trasladado a un hospital mejor equipado, el de Uxda. “No hay ningún dato que confirme o que niegue que el empeoramiento del estado de Haddad fue debido a los gases lacrimógenos. Solo una prueba médica lo puede probar”, precisó Benmezian.
El fiscal general de Marruecos emitió el mismo jueves un comunicado para subrayar que “no tiene fundamento” ni tampoco "ninguna relación con la realidad" el hecho de vincular la hospitalización de Haddad con una supuesta intoxicación por los gases lacrimógenos.
Añadió que el fallecido fue ingresado en el hospital por sufrir asma y que dispone de un informe médico en este establecimiento.
La muerte de Haddad puede soliviantar de nuevo los ánimos en el Rif después de que el pasado 8 de agosto muriese el joven Imad Attabi, de 24 años, por las heridas sufridas en la cabeza durante otra protesta anterior en Alhucemas.
Precisamente Attabi falleció por el impacto recibido en la cabeza por una bomba lacrimógena, aunque nunca se hicieron públicos los resultados de la autopsia que se le practicó por exigencia de su familia.
Las protestas del Rif estallaron en octubre de 2016 tras la muerte de un vendedor de pescado aplastado dentro de un camión de basura, lo que llevó desde entonces a la detención de casi 200 activistas.
Los activistas rifeños exigen, además de la liberación de los detenidos, la construcción de una universidad y un hospital oncológico en la provincia de Alhucemas, así como más puestos de trabajo y la “desmilitarización” de la zona.
