La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha convocado esta mañana una reunión con los representantes de los partidos políticos de la Asamblea y con los miembros de la gestora de la Comisión Islámica para abordar el tema de la importación de borregos desde Marruecos a la Ciudad. Moh ha asegurado que hay tiempo de se constituya un punto de concentración de animales y ha pedido a la Ciudad que colabore. Subraya que si no fuera posible, los corderos se podrán llevar con 24 horas de antelación al matadero para su sacrificio el día de la Fiesta Grande y para ello se alargará el horario del punto de inspección fronterizo (PIF).
Moh subraya que se trata de una cuestión de voluntad política y que esta reunión no pretendía otra cosa que aportar soluciones. Añade que está abierta a que haya otra reunión con la Ciudad, con más o menos protocolo, y que espera que esto no se quede en un titular de la consejera de Presidencia, Paz Velázquez, y se pueda llevar a cabo.
Por otro lado, el líder de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán, subraya que ha presentado un recurso de alzada al Ministerio de Agricultura sobre la orden ministerial porque es “inoperativa”. Subraya que hay dos administraciones implicada y que una de ellas no quiere colaborar y la otra insiste en que algo que no se puede llevar a efecto.
La secretaria general del PSOE, Gloria Rojas, por su parte, comentó que su partido no tiene nada que ver con la persona que grabó un vídeo sobre cómo entrar los borregos. Aunque reconoció que en la sede se facilita información y documentación de cómo solicitar un punto de concentración para animales, como se ha facilitado ayuda para las becas u otras solicitudes interesantes para los ciudadanos. Negó que el PSOE diga que los borregos se pueden llevar luego a las casas, en lugar de al matadero, como se dice en el vídeo.
El diputado de Ciudadanos, Eduardo de Castro, subraya que si la orden ministerial no se puede aplicar, no sirve para nada y también cree que es una cuestión de voluntad política. Espera que el ministro de Agricultura pueda “suavizar” la relación entre la Delegación del Gobierno y la Ciudad.
Además, los representantes de la gestora de la CIM indicaron que no hay ninguna razón objetiva para “limitar el derecho de libertad religiosa” y que creen que se está vulnerando este derecho fundamental.
