LA difusión de una información obliga a asumir una serie de responsabilidades por parte de quien la redacta, de quien decide su publicación y de quien permite su divulgación. En todos los casos los medios de comunicación serios velan por los derechos de las personas o entidades a las que se alude en cada una de sus noticias y por los derechos de las personas a las que va dirigida la narración de unos hechos que han de ser novedosos, interesantes y, sobre todo, ciertos. En el peor de los casos, el periodista debe haber intentado por todos los medios a su alcance comprobar la veracidad de su información antes de difundirla. Y si finalmente es errónea, está obligado a rectificarla.
Éstas son normas básicas en cualquier medio de comunicación que aspira a actuar con profesionalidad y respeto tanto hacia sus lectores como hacia los protagonistas de sus informaciones. Por ello, la autoría de las noticias siempre ha de estar totalmente clara, el medio de comunicación nunca puede desvincularse de las informaciones que transmite y la empresa editora es responsable de todas las noticias y opiniones que trasmite.
Cuando concurren todas estas circunstancias, los lectores pueden estar seguros de que hay un alto nivel de probabilidades de que se encuentra ante un medio de comunicación que ofrece garantías, con independencia de que se trate de la tradicional prensa escrita, de una emisora de radio, de una cadena de televisión o de un medio con soporte en Internet. En caso contrario, lo más aconsejable es desconfiar para no acabar siendo víctima de una trama de intereses que sólo beneficia a quienes tratan de actuar desde el anonimato difundiendo informaciones erróneas, incompletas o simplemente falsas.
La aparición de las redes sociales y de los medios digitales ha facilitado la actividad de individuos que actúan sin respetar o directamente transgrediendo reglas básicas en cualquier empresa seria de comunicación. En unas ocasiones se trata de sujetos sin preparación y en otras, las más peligrosas, son profesionales que actúan sabiendo que están quebrantando todos los códigos.
Tanto en el primer como en el segundo caso, los ciudadanos que son víctimas de unos u otros individuos deben ejercer los derechos legales que les asisten. Si sienten que han sido víctimas de injurias, calumnias o cualquier otro delito relacionado con la actividad informativa, deben acudir directamente al juzgado. Deben actuar como lo harían si hubieran sufrido los mismos ultrajes por parte de alguno de los tradicionales medios de comunicación. Les asisten los mismos derechos que cuando son aludidos en noticias elaboradas con profesionalidad. Con independencia de donde ejerzan su actividad, los periodistas están obligados a asumir las mismas responsabilidades para salvaguardar tanto los derechos de los lectores como de los sujetos de cada información.
