La ministra de Defensa, Margarita Robles, patinó con unas declaraciones sobre la incorporación de los militares a la vida política. Robles puso en duda la idoneidad de que aquellos que hallan desarrollado una carrera castrense puedan concurrir a las elecciones formando parte de la lista electoral de algún partido político. Dice la ministra que es preciso respetar la neutralidad política del Ejército y que su valor no debe ser patrimonio de ningún partido.
Según las palabras de Robles, hay ciertos estamentos que tendrían vetado su acceso a la política y siguiendo su razonamiento uno de ellos debería ser la Judicatura.
En un ejercicio de cinismo, la ministra pasa de puntillas sobre el hecho de que ella misma es magistrada, llegó a sentarse en una de las butacas del Tribunal Supremo, y pide para los demás lo que ella misma no consideró oportuno cumplir.
Además, Robles pretende privar a la vida política española del beneficio que pueden aportar profesionales cualificados en sus áreas, y aboga por coartar la libertad personal de cada ciudadano de participar en la administración del Estado.
Olvida Robles que muchos países de larga trayectoria democrática, como son Francia o Estados Unidos, han contado con militares en sus parlamentos y Gobiernos y pretende crear confusión respecto a su inclusión en las listas electorales para restar el valor que aportan estas personas a los proyectos políticos de sus rivales.
