La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró este domingo que el Gobierno está actuando para dar una solución a la situación de los solicitantes de asilo que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla no ha admitido. Según explicó en una entrevista en RNE, se está trabajando en una “colaboración interadministrativa” para atender a estas personas que se han visto obligadas a vivir en tiendas de campaña en las inmediaciones del centro.
Saiz destacó que el Ejecutivo es consciente de la vulnerabilidad de los solicitantes de asilo y que por ello se están reforzando las vías de protección a través del nuevo reglamento de extranjería, el cual entrará en vigor el 20 de mayo. “Somos muy conscientes de la especial vulnerabilidad que presentan los solicitantes de protección internacional, los solicitantes de asilo. Por eso, con el nuevo texto del reglamento, fortalecemos y protegemos mucho esa vía”, afirmó la ministra.
El grupo de migrantes afectados está compuesto por once personas, entre ellas cinco de origen maliense y seis procedentes de países latinoamericanos. Su rechazo en el CETI ha provocado críticas y generado un intenso debate político, con duras acusaciones desde la oposición, que considera que el Gobierno está fallando en su obligación de ofrecerles protección y asistencia.
Críticas desde la oposición
El Partido Popular ha sido especialmente crítico con la actuación del Gobierno en este caso. Desde la formación han calificado de “barrabasada” la postura del Ejecutivo, asegurando que se trata de un castigo a los migrantes. En un artículo publicado por El Faro de Melilla, el PP cuestionó las políticas del presidente Pedro Sánchez en materia de inmigración y advirtió que este tipo de decisiones podrían sentar un peligroso precedente en la gestión de la acogida.
Por su parte, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, también se pronunció duramente sobre la negativa del CETI a admitir a estos migrantes. En declaraciones recogidas en este Diario, Imbroda calificó la medida de “inhumana” y lamentó que se haya dejado a estas personas en una situación de desamparo total. “Es inaceptable que en una ciudad como Melilla, que siempre ha sido un ejemplo de solidaridad, el Gobierno tome este tipo de decisiones que van en contra de los derechos humanos”, afirmó.
Reglamento de extranjería
Ante el revuelo político y mediático, el Gobierno insiste en que la solución está en marcha y que se están buscando alternativas para atender a los afectados. Saiz recalcó que el nuevo reglamento de extranjería reforzará la protección a los solicitantes de asilo y que la normativa en Cataluña seguirá las mismas directrices estatales en materia de integración y arraigo.
Este cambio normativo cobra especial relevancia en el contexto del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para la delegación de competencias en inmigración en Cataluña. Sobre este punto, Saiz aclaró que el conocimiento de la lengua no será un requisito para expulsar o denegar la entrada de ningún migrante, aunque sí será un factor a valorar en el proceso de arraigo social.
En cuanto a los migrantes en Melilla, el futuro sigue siendo incierto. Aunque el Gobierno ha asegurado que está actuando para resolver su situación, no se han ofrecido detalles concretos sobre las medidas que se están tomando ni los plazos en los que se espera que haya una solución definitiva. Mientras tanto, estas once personas continúan viviendo en condiciones precarias a la espera de una respuesta.
La crisis migratoria en Melilla sigue siendo un tema de gran controversia y pone de manifiesto las dificultades en la gestión de la acogida y la integración de los solicitantes de asilo en España.
