Categorías: Editorial

Mesa de Contratación, una batalla sin ganador

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 continuará tomando declaración en los próximos días a los imputados en el ‘caso de la Mesa de Contratación’. Ayer acudieron a la llamada del juez varios empleados públicos. Un día antes, Juan Antonio Iglesias y Celia Sarompas protagonizaron las primeras de las 27 comparecencias previstas. El primero, popular, y la segunda, socialista; uno, en el poder cuando ocurrieron los hechos y la otra, en la oposición; ambos están imputados por los mismos hechos. La Fiscalía cree que faltan documentos en los expedientes que sirvieron para realizar diversas contrataciones.
Los hechos necesitan quedar totalmente esclarecidos para despejar cualquier duda sobre la actuación de los imputados. De otra manera, las susposiciones o suposiciones sobre un caso de corrupción generalizada dejaría a la clase política de esta ciudad totalmente desarmada frente la opinión pública. Por eso no se entienden determinadas actuaciones que pretenden sacar rédito político de este caso, en el que todos pierden y difícilmente alguien puede ganar. El interés común, de ciudadanos y políticos, debe ser esclarecer qué ha ocurrido para que algunos expedientes estén incompletos, subsanar las deficiencias y aprender cómo actuar en el futuro para evitar situaciones similares. Por desgracia, la resolución judicial aún tardará en llegar, porque si por algo se caracteriza la justicia en nuestro país, es por su exasperante lentitud. Mientras tanto, los imputados, especialmente los representantes políticos, deberían mostrarse totalmente colaboradores en el ámbito judicial y sensatos en ‘la plaza pública’ para evitar que entre los ciudadanos cunda la sensación de que la corrupción es una gran mancha de aceite que todo lo ensucia. En cualquier caso, pero en este más que en ningún otro, hay que dejar trabajar a los jueces para que puedan determinar las responsabilidades, corregir los procedimientos erróneos en la contratación y asumir responsabilidades políticas por parte de los implicados si la Justicia determina que hubo conductas delictivas. Mientras tanto, es mejor llevar el debate político a otro escenario.

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