Una excusa perfecta y políticamente rentable

El Hospital Universitario sigue cerrado a cal y canto. Lo cierto es que el Gobierno nacional aseguró en un primer momento que se abriría parcialmente en el primer semestre de este año y después la nueva directora general del Ingesa, Isabel Muñoz, corrigió a fecha y apuntó que sería antes de que acabara el mes de octubre. Nos encaminamos a los últimos días de noviembre y nada ha cambiado en torno a las instalaciones hospitalarias.

Hemos sabido en estos días que el hospital no se puede abrir por la sencilla razón de que buena parte de la obra de construcción no se corresponde con lo que aparece en los planos del proyecto. Es decir, que la Ciudad Autónoma, a través de los técnicos de la Consejería de Fomento, no pueden firmar la licencia de primera ocupación por ese desfase entre una cosa y la otra. Y la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha visto el cielo abierto para esconder su responsabilidad en todo este asunto.

El tema de la licencia le ha dado la excusa perfecta para explicar por qué sigue cerrado el nuevo hospital. No solo eso, además le ha dado la oportunidad de echarle la culpa al Partido Popular, al que acusa de impedir que las dependencias puedan ser utilizadas ya. Le ha salido redondo porque sin duda van a ser muchos los que se crean la versión de Sabrina Moh y apunten a los populares como los causantes del retraso.

Sin embargo, la cronología dada a conocer ayer por el consejero de Fomento, Miguel Marín, no deja lugar a dudas en cuanto a que la Ciudad Autónoma dio órdenes expresas a sus técnicos de que se dieran toda la prisa posible en sacar adelante la licencia y que el hospital pudiese abrir cuanto antes. Así lo hicieron estos funcionarios públicos que, lógicamente, no pueden pasar por alto incumplimientos cometidos en las obras porque es una responsabilidad demasiado grande y que puede derivar en situaciones catastróficas por nadie deseadas.

Marín aseguró que los técnicos "se están dejando la piel" en contacto con sus homólogos en el Ingesa para sacar adelante esa licencia a la mayor brevedad posible. Por ello, no puede pasar por alto las gravísimas acusaciones de la delegada, a la que este asunto le ha venido como anillo al dedo. No solo puede explicar el retraso sino que incluso se lo puede achacar al PP y acusarlo públicamente de no querer que los melillenses tengan una buena sanidad.

Esto recuerda a lo que hizo Sabrina Moh con el tema de los planes de empleo. Se acogió como una lapa a la sentencia del Juzgado de lo Social que invalidaba determinados artículos de los acuerdos laborales de la

Ciudad Autónoma para no tener que hacer los más de mil contratos aún pendientes, que ya no se van a formalizar jamás. La culpa se la echó a otros mientras aseguraba que los servicios de la Administración del Estado estudiaban cómo arreglar las cosas. Estudiando deben estar todavía porque la sentencia es del mes de abril y ya estamos casi terminando el año.

Esta delegada pretende que los melillenses traguen con ruedas de molino que nada de lo que sucede es culpa de ella ni del Gobierno al que defiende en la ciudad. Todo es responsabilidad de terceros pero los ciudadanos no son tontos y tienen muy claro, después de seis años, que la mentira, por mucho que se repita, no dejará de ser lo que es: un engaño.