Hace unos días el secretario general de los socialistas locales clamaba porque pudiéramos pasar unas Navidades tranquilas. Su deseo, enunciado como una aspiración colectiva, no era más que un ansia propia y de su partido, que en el caso de Alí Aarras ha demostrado su escaso respecto al Estado de Derecho que creíamos consolidado de manera incuestionable por nuestra Constitución vigente.
A Muñoz no le gustaban nada las alharacas y denuncias del portavoz de la Plataforma contra la Extradición de Alí Aarras, ni tampoco las denuncias de Abderramán Benyahya contra el proceder de un Partido Socialista que no sólo se ha atrevido a cuestionar la condición de melillense del aludido Alí Aarras, sino que también ha acusado a la misma Plataforma y al Gobierno local de Juan José Imbroda de conspirar en pro de la desestabilización de Melilla.
Según Muñoz, el caso Aarras “no es un problema de Melilla ni de los melillenses”, sino en todo caso de Bélgica, por la nacionalidad belga del extraditado a Marruecos.
El dirigente socialista, con sus declaraciones, no sólo desandaba un cuarto de siglo de avance en la construcción de una Melilla más igualitaria para todos sus habitantes, sino que revivía los antiguos errores y fantasmas que en el año 85 llevaron a su partido a considerar extranjeros a los melillenses de origen bereber que, por entonces, no querían otra cosa que ser tratados como españoles.
Aarras, como explicó el demonizado Benyahya, es verdad que fue registrado en Farhana, aunque en su partida de nacimiento ya se decía que era nacido en Mellilla. Cuando vino a este mundo, allá por los años 60, inscribir a los bereberes melillenses en el registro civil de nuestra ciudad no era tarea fácil, amén de que algunos de sus progenitores confundían erróneamente nacionalidad con fidelidad religiosa a la confesión musulmana.
Aarras no fue culpable sino víctima de todo aquello y de ahí que su nacionalidad, a causa de la separación de sus padres, acabara siendo la belga.
Un primo suyo, Mohand Hamed Yahía, es actualmente teniente coronel del Ejército español en Jaca y su padre, Mustafa Yahía Aarras, aunque logró votar en el referéndum sobre la pertenencia de España a la OTAN con la antigua ‘tarjeta de estadística’ y durante diez años tuvo DNI provisionales, renovados anualmente, finalmente tuvo que optar a la tarjeta de extranjería para poder seguir trabajando en esta ciudad.
El resto de hermanos de Alí Aarras, como su mujer y su hija, son españoles. No estamos ante un ciudadano belga sin ningún arraigo en Melilla, como ha pretendido trasmitir Dionisio Muñoz, ni tampoco ante un terrorista de Al-Qaeda, como también vino a decir Muñoz, cuando desveló de qué le acusa un testigo de Marruecos que, la postre, confesó haberlo imputado bajo torturas. En cambio, sí es incuestionable que existe un auto del juez Garzón en el que se certifica que no se pudo probar ninguna vinculación de Aarras con grupos o acciones terroristas, tras haberlo investigado exhaustivamente en una causa sujeta a secreto de sumario durante dos años y medio.
Todo lo anterior no es la primera vez que se escribe en este periódico, pero lo reitero porque es preciso hacerlo cuando se está jugando con la vida y la libertad de un melillense que, aún siendo belga, tiene muchas raíces y relaciones con nuestra ciudad y nuestra sociedad.
El caso Aarras sí es un problema de Melilla y de los melillenses por mucho que Muñoz se empeñe en hacer creer lo contrario.
Cuando se le detuvo en Melilla el 1 de abril de 2008, en cumplimiento de una orden cursada por Marruecos junto a Mohamed El Bay, melillense también pero a diferencia de Aarras con nacionalidad española, el Consejo de Ministros decidió dar curso a la petición de extradición de Marruecos por considerar a ambos ciudadanos marroquíes. Ignoró que uno fuera un ciudadano europeo con nacionalidad belga y el otro un ciudadano español. Moratinos, entonces ministro de Exteriores, así lo reiteró en una comparecencia en el Senado a instancia del presidente de la Ciudad y senador por Melilla, Juan José Imbroda.
Abierto el debate sobre la validez de la nacionalidad española o de países europeos para aquellos ciudadanos de origen magrebí a los que Marruecos considera irrenunciablemente sus súbditos por haber nacido en las “ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla”, el Gobierno español terminó dando marcha atrás y allí donde trató a El Bay como marroquí lo acabó considerando español y, por tanto, denegando su extradición.
En cambio, con Aarras se lavó las manos como Pilatos y activó a sus mentores en Melilla para tejer esa versión negacionista de orígenes y arraigos melillenses que no hace más que poner en entredicho el vínculo real de toda la comunidad hispanobereber con su ciudad de origen y con la Nación a la que pertenecen como ciudadanos españoles.
El motivo de tan arriesgado discurso no era otro que preparar el terreno para una extradición ‘a escondidas’ que incumple en algunos aspectos la legislación vigente y que, además, pone en entredicho el respeto de España a los protocolos internacionales que suscribe, teniendo en cuenta que aún no se ha resuelto el expediente abierto por la ONU para analizar el caso de Aarras y en el que la misma ONU dictaminó, provisionalmente, que entre tanto se resolvía se paralizara la extradición del melillense.
