El Observatorio de Melilla y Ceuta presentó su último informe esta semana en el Congreso de los Diputados y en él advierte de los obstáculos a los que se enfrentan las dos ciudades autónomas al no tener transferidas competencias como las de Educación o Sanidad.
No han dicho nada nuevo sino poner el acento en nuestro talón de Aquiles porque la dependencia del Estado, lejos de ser una ventaja, nos convierte en víctimas de las trabas burocráticas endémicas de la Administración central, que se notan aún más en un territorio alejado de Madrid, entendido como el centro de decisión de este país.
Se ha hablado mucho de la necesidad de reformar o, en su defecto, actualizar el Estatuto de Autonomía, pero no hay acciones concretas en esa dirección sino simplemente declaraciones de intenciones, discursos futuribles y un ya veremos que siempre se pospone.
En los últimos tiempos se ha hecho hincapié en la posibilidad de unir Ceuta y Melilla en una única comunidad autónoma y hasta hay quienes apuestan por nuestra integración en Andalucía.
Puede que tengamos que debatir a fondo y muy seriamente nuestro encaje en el sistema autonómico, pero si una cosa está clara es que hay dudas razonables sobre la conveniencia de seguir con nuestro estatus actual.
Hay que agilizar la toma de decisiones y acercarla todo lo que se pueda al ciudadano. No tiene sentido, por ejemplo, que un alto cargo de Madrid decida cuántos médicos hacen falta en Melilla, sin haber pisado la ciudad, o que ese mismo alto cargo tenga que decidir cuándo y cómo negociar con los facultativos para deponer una huelga como la iniciada el pasado 9 de marzo.
En la medida en que las autoridades locales tengan más poder de decisión, notaremos mejoras. Pero para eso, como dicen los responsables del informe del Observatorio de Melilla y Ceuta, sería interesante hacer una auditoría para conocer con lujo de detalles adónde han ido a parar los millones que desde 1995, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, se han invertido en ambas ciudades.
En eso, deberíamos hacer propia la filosofía de la Unión Europea, que fiscaliza muchísimo qué se hace con el dinero público, por respeto a los estados miembros que más aportan a la UE.
No hay delito en extender la mano para pedir al Gobierno más inversiones, pero también debemos estar obligados a justificar hasta el último céntimo. Sólo así conseguiremos que el dinero se emplee única y exclusivamente en el desarrollo de Melilla y Ceuta.
