Melilla vuelve a ocupar un lugar destacado en la actualidad nacional a raíz del llamado “caso Leire”, una investigación por corrupción que ha salpicado a la empresa pública de gestión de residuos Remesa y ha puesto bajo lupa algunas de las decisiones tomadas durante el anterior Gobierno local del que el PSOE formaba parte.
La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), investiga una supuesta trama que habría beneficiado a la multinacional Acciona mediante contratos públicos otorgados por Enusa, una empresa estatal con participación del 50% en Remesa. Los contratos investigados afectan directamente a la planta incineradora de Melilla, lo que sitúa nuevamente a la ciudad en el foco mediático por motivos ajenos a la gestión ordinaria de sus servicios.
En el centro del caso se encuentra Leire Díez, exmilitante del PSOE, señalada como una de las piezas clave de la trama junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. Según los informes elaborados por la UCO y remitidos a la Audiencia Nacional, los tres implicados habrían diseñado un plan para facilitar que Acciona se hiciese con dos activos de Enusa: la incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón.
A cambio de esta mediación, presuntamente recibieron pagos que ascienden a 17.545 euros, canalizados a través de un despacho de abogados. La operación, según los investigadores, se habría producido con un incremento de sobrecostes del 50% respecto a los contratos adjudicados.
La investigación apunta a que estos hechos tuvieron lugar entre los años 2021 y 2023, durante el mandato del Gobierno de coalición en la Ciudad Autónoma formado por Coalición por Melilla (CPM), el PSOE y Eduardo de Castro, entonces presidente elegido en 2019 por Ciudadanos pero posteriormente expulsado del partido.
Es en ese periodo cuando se produjeron los movimientos empresariales que ahora analiza la justicia, bajo sospecha de corrupción y tráfico de influencias. La implicación de Enusa, como socia de Remesa, convierte a esta última en una pieza fundamental del rompecabezas. Y con ello, la gestión de los residuos en Melilla, que ya había generado controversia en el pasado, vuelve al debate público.
El actual presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, no ha tardado en pronunciarse. En declaraciones a los medios, Imbroda ha señalado directamente a Manuel Ángel Quevedo, actual presidente del Puerto de Melilla y exconsejero de Medio Ambiente, por ejercer presiones con el objetivo de evitar que Enusa vendiera su participación en la planta incineradora a Acciona.
Según el presidente, “les entró una prisa muy potente al presidente de Enusa para vender la planta”, algo que habría sido frenado por Quevedo, quien estaba “muy atento” y “apretando” para que no se concretara la operación. Imbroda sostiene que no quería que la planta de Remesa, que “estaba funcionando bastante bien”, cayera en manos privadas.
El dirigente popular ha añadido que su Gobierno investigará si estas maniobras derivaron en algún tipo de proyecto de obra u otras decisiones administrativas que pudieran estar relacionadas con la trama. “Creemos que los tiros van por ahí, pero no sabemos si hay algo más, porque no estábamos en el Gobierno ni en el comité ejecutivo donde mandaba toda la actuación de Remesa”, afirmó.
En su intervención también lamentó el fallecimiento de Miguel Moralejo, quien fuera director de la planta incineradora y a quien consideró “una figura honrada” y “un dique de contención para cualquier cosa que hubiese rara”. Su ausencia deja un vacío en la dirección del centro y una pérdida de información potencialmente relevante para la causa, comentó.
La figura de Leire Díez, que ya había aparecido en otros casos vinculados a contratos públicos, vuelve a estar en el centro de una investigación por corrupción. De acuerdo con la información publicada por RTVE, Díez actuaba como mediadora aprovechando su influencia y sus relaciones con responsables institucionales. Su nombre ha sido relacionado con adjudicaciones irregulares y operaciones opacas, y la investigación actual no hace sino agravar el perfil de sospecha que arrastra.
Este nuevo escándalo reabre las heridas de una etapa política marcada por la inestabilidad, los pactos forzados y la opacidad en la gestión de lo público. La gestión de los residuos, ya de por sí un tema sensible en Melilla, se ve así envuelta en una trama nacional que podría tener consecuencias políticas y judiciales de gran alcance. La dimensión del caso, que implica a figuras con pasado en altos cargos de la administración estatal y empresas de peso como Acciona, eleva la importancia de esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades.
Mientras la Audiencia Nacional avanza con la instrucción del caso, en Melilla crece la presión sobre el Gobierno local para que colabore con total transparencia. El compromiso expresado por Imbroda de investigar lo sucedido internamente añade una capa local a un proceso que ya ha superado los límites de la ciudad. La credibilidad institucional y la confianza ciudadana en la gestión pública están en juego, en un momento en que Melilla no puede permitirse más escándalos.
