Este miércoles, 11 de junio, a las 12:00 horas, jueces y fiscales de toda España han llevado a cabo un paro simbólico en las sedes judiciales, como forma de protesta ante las reformas impulsadas por el Gobierno que, según denuncian, amenazan la independencia del Poder Judicial. Esta convocatoria, organizada por varias asociaciones profesionales (la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) busca llamar la atención sobre la gravedad de las modificaciones legales que se están tramitando.
Melilla se ha sumando a esta protesta con la lectura pública de un contundente manifiesto en defensa de la independencia del Poder Judicial en la puerta de las Torres V Centenario. La convocatoria ha logrado reunir a cerca de 50 personas, entre jueces, fiscales, funcionarios de justicia, abogados, procuradores, ciudadanos y representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Una muestra de unidad frente a lo que consideran un grave retroceso democrático.
Los encargados de dar voz al manifiesto han sido Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, Alicia Ruiz Ortiz, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Melilla y Miguel Ángel García Gutiérrez, juez del juzgado nº 5. En sus palabras se han denunciado con firmeza las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno, especialmente el proyecto de ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Según el manifiesto, dichas reformas suponen una amenaza directa a la independencia judicial, un pilar fundamental del Estado de Derecho instaurado por la Constitución Española de 1978. Se alerta sobre el riesgo de injerencia política en el sistema de selección de jueces y fiscales, la pérdida de excelencia académica en las oposiciones y la posibilidad de que el Ejecutivo influya ideológicamente en la configuración del Poder Judicial.
Uno de los puntos más críticos denunciados es la creación de un centro de formación de jueces y fiscales dependiente del Gobierno, lo que, según los manifestantes, abre la puerta a una selección ideológica. Igualmente, se cuestiona la posible incorporación directa de 1.300 jueces y fiscales sustitutos sin pruebas competitivas que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, en perjuicio de los actuales opositores que se preparan durante años con esfuerzo y sacrificio.
Fernando Portillo ha sido tajante, “lo que crea es una muy mala imagen de la institución de la Fiscalía. Se arrastra por el barro la imparcialidad de los fiscales, al generar sospechas de que podrían estar recibiendo indicaciones para proteger a quien sigue siendo su jefe”. En clara alusión al procesamiento del actual Fiscal General del Estado, Portillo ha recalcado que se trata de una situación inédita en España y en su entorno democrático.
Alicia Ruiz, por su parte, ha expresado la esperanza de que esta movilización sirva para hacer reaccionar a las instituciones. “Esperamos que este parón tenga una consecuencia positiva, pero no por nosotros, sino por el justiciable. Se trata de preservar la separación de poderes, que es garantía de libertad y derechos para todos los ciudadanos”. Ruiz no ha descartado la convocatoria de una huelga si el Gobierno no detiene las reformas y ha subrayado que estas medidas no buscan privilegios para el cuerpo judicial, sino proteger los derechos de todos.
Miguel Ángel García también ha alertado sobre las implicaciones políticas de estas iniciativas legislativas. “Estas reformas fueron anunciadas tiempo atrás como respuesta a operadores jurídicos que pudieran estar molestos con el Gobierno. Ahora se materializan con importantes tics ideológicos”, ha denunciado. Ha añadido que las carencias estructurales de la Administración de Justicia son de sobra conocidas, pero que esta reforma representa un salto cualitativo en la amenaza a la independencia judicial.
El manifiesto leído en Melilla ha insistido en que las reformas que se pretenden llevar a cabo debilitan al Poder Judicial como contrapeso al poder político, lo hacen más vulnerable a presiones mediáticas y minan la confianza ciudadana en la Justicia. Se exige la retirada inmediata de ambos proyectos y se anuncia que, de no ser así, se adoptarán medidas más intensas, incluida la huelga.
Portillo ha concluido destacando el valor de la convocatoria melillense. “Aquí en Melilla se han implicado todos los colectivos, no solo jueces y fiscales, también abogados, procuradores, ciudadanos. Ha sido un acto de unidad frente a una amenaza común. Esperamos que esta acción visibilice nuestro descontento y el riesgo que corren las carreras judicial y fiscal”.
Una movilización a nivel nacional que busca frenar lo que se considera un intento del poder ejecutivo de controlar a la Justicia. La advertencia final del manifiesto es directa. “La existencia de un Poder Judicial fuerte e independiente no es un privilegio de los jueces, es una garantía para todos los ciudadanos”. La batalla por la independencia judicial, como ha quedado claro en Melilla, acaba de comenzar.
No existe la independencia judicial en España, el 99% de los jueces de éste país son bailarines de alguna que otra taifa. Unos trepas dentro del mismo sistema judicial. No hay más que ver quien nombra al Tribunal Supremo o al Consejo General Del Poder Judicial y luego éstos a Los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades y éstos otros a sus Audiencias Provinciales. Una cadena de despropósito que debería el pueblo tener bien amarrado y en corto. DEBERÍA SER EL PUEBLO MEDIANTE URNAS EL QUE NOMBRE A SU TS/CGPJ/TTSSJJ/AP Y SE ACABÓ EL CHIRINGO