Esta semana se ha publicado la Memoria de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla a lo largo del 2018. De acuerdo con los datos aportados por este informe jurídico, en la ciudad de Melilla se registró el año pasado un total de 6.764 asuntos penales y 6.477 asuntos civiles; mientras que Ceuta registraba 6.110 asuntos penales y 2.903 civiles en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Según el informe los juzgados y tribunales de Andalucía resolvieron en 2018 todos los asuntos que se ingresaron ese año: un total de 1.209.533 asuntos, frente a los 1.210.273 del año anterior, lo que revelaría que se ha disminuido en un 1% la litigiosidad en relación con el 2017.
Carga de los magistrados Las cifras que recoge esta Memoria Anual de actividades del TSJ Andaluz refleja la carga de trabajo de los magistrados. Una carga de trabajo que se crece cada año, y al parecer se hace “demasiado elevada para los cuales recursos personales, y defectuoso sistema organizativo sumamente deficitario y rígido”, se señala. De esta forma, afirman que el sistema de justicia “se encuentra claramente congestionado”. A la vez, esto parece evidenciar la necesidad de frenar la elevada litigiosidad andaluza, que es una de las más altas de España y de los países de nuestro entorno.
Los casos de Melilla y Ceuta son distintos. Según el informe en el caso de la Sección 7 de la Audiencia Provincial de Málaga, correspondiente a Melilla, se registró un total de 480 asuntos y se dictó resolución de 449 de estos. Se repartieron todos estos caso tres magistrados, los cuales tocaron a una media de 160 casos cada uno.
A finales de 2018 quedaron pendientes un total de 559.029 asuntos. Lo que supone un incremento del 10% respecto a los que quedaron en trámite en 2017. Así, pese a que los órganos judiciales del territorio continúan teniendo una buena carga total de trabajo, que siempre es superior a los que se resuelven. La valoración final del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en este asunto no parece muy satisfactoria, ya que se hace patente la dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes, así como la mejora de los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales.
Cuestiones a mejorar
En este sentido, este informe indica que si “queremos avanzar en la normalización de nuestros tribunales, así como generalizar el rendimiento óptimo de la justicia y la reducción de la bolsa de asuntos pendientes, será imprescindible la creación de nuevas plazas judiciales y mejora de los planes de refuerzo, así como la mejor optimización de ciertos órganos; y, en este contexto, es prioritario incrementar nuestros niveles de eficacia mediante propuestas organizativas reiteradas y olvidadas año tras año”. Y es que los ciudadanos andaluces continúan siendo de los que más litigan en los tribunales.
Según el TSJA, Andalucía se sitúa, un año más, en los puestos de cabeza en número de asuntos ingresados a nivel nacional. Tiene un porcentaje superior en un 22% en comparación con la litigiosidad estatal, que alcanzó en 2018, los 5.584.704 en los órganos judiciales.
Si la tasa en el conjunto del Estado ha sido de 128,2 asuntos por cada 1.000 habitantes, en el ámbito del TSJA es de 145,1 asuntos por cada 1.000 habitantes, la segunda más alta de España.
Bajada en las jurisdicciones
Respecto al número global de asuntos, se mantiene otro dato estadístico que ya es habitual cada año, y es que los procedimientos penales suponen cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, en concreto el 59% del total. Por contraparte, se sitúa el porcentaje relativo a la jurisdicción social (un 6%) y contencioso administrativa (un 4%), mientras que la jurisdicción civil supone un 31% del total de asuntos ingresados.
A lo largo del 2018, descendieron los asuntos ingresados en las jurisdicciones penal y social y subieron en la civil y contencioso-administrativo. De esta forma, la jurisdicción social ingresó un 2 % de asuntos menos que el año anterior, rompiendo la línea ascendente de 2017. Por su parte, la penal ingresó un 5 por ciento menos que el año anterior.
En cambio, la jurisdicción contencioso-administrativa sufrió un aumento del número de asuntos registrados de un 16% rompiendo la tendencia del año anterior que bajó un 8%, si bien este aumento considerable es debido singularmente a procesos en materia de extranjería, en los que se acuerda la devolución o expulsión del extranjero. Estos asuntos significan el 24% del total nacional.
