La ocupación ilegal de inmuebles es un fenómeno que se ha colado en el debate político en los últimos años y, aunque los números son, genera posturas enfrentadas en un contexto en el que el acceso a la vivienda es una preocupación social evidente. Pero, ¿qué dicen los datos oficiales? Los que maneja el Ministerio del Interior y que hacen referencia tanto los delitos de allanamiento de morada como los de usurpación, muestran que Melilla cerró el pasado ejercicio con 15 hechos conocidos, lo que supone un incremento del 36,36% respecto al año anterior.
Si se realiza un análisis pormenorizado, que abarca la serie histórica entre 2016 y 2025, se llega a la conclusión de que después de tres años consecutivos (2022, 2023 y 2024) en los que las cifras se mantuvieron congeladas en 11 casos anuales, la actividad delictiva ha repuntado hasta eso 15 casos.
Eso quiere decir que Melilla registró durante el último ejercicio una media de 1,25 ocupaciones al mes. Aunque en términos absolutos la cifra es inferior a la de 2021 (18 casos) o 2020 (17 casos), el crecimiento porcentual en tan solo 12 meses indica una subida leve de este tipo de infracciones penales.
La perspectiva que ofrece la última década revela que la ciudad ha acumulado un total de 109 hechos conocidos por allanamiento o usurpación de inmuebles. Así, entre 2016 y 2018 Melilla presentaba cifras residuales, con apenas tres casos en 2016 y siete en 2017. En 2019 se produjo un incremento hasta alcanzar los 11 casos y entre 2020 y 2021, al igual que en el resto del territorio nacional, experimentó su mayor volumen de incidentes durante este bienio, con un máximo histórico de 18 infracciones en 2021.
Casi una veintena de detenciones en la última década
Uno de los datos que arroja la estadística es la capacidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para resolver estos delitos en Melilla. En 2025, de los 15 hechos conocidos, se lograron esclarecer 13 casos. Esto sitúa la tasa de eficiencia policial en un 86,67%, la más alta registrada en la ciudad en los últimos cinco años.
En el acumulado de la década (2016-2025), se han solucionado 79 de los 109 incidentes reportados, lo que supone una tasa de resolución global del 72,4%. En años de baja incidencia, como 2016, la eficacia fue del 100%, mientras que en los de mayor saturación (2021), la tasa de éxito se mantuvo en un sólido 66,6%.
A diferencia de otras tipologías delictivas donde el número de arrestos es masivo, en el ámbito de las ocupaciones en Melilla se observa que durante 2025 se produjeron dos detenciones o investigaciones, según los informes a los que ha accedido este periódico.
A lo largo de los últimos diez ejercicios, el Ministerio del Interior ha contabilizado un total de 19 detenciones e investigados. El hecho de que el número de esclarecimientos (13 en el último año) sea muy superior al de detenciones (2) indica que la mayoría de las situaciones se resuelven mediante la identificación de los autores y su posterior encausamiento judicial sin necesidad de medidas privativas de libertad.
El impacto social de estos delitos se mide a través de las victimizaciones. Según los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, el pasado año se cerró con 15 afectados, igualando el número de hechos conocidos. Esto implica que cada incidente denunciado afectó, al menos, a un titular de derechos (ya sea persona física o jurídica). En el conjunto de los diez años analizados, el número total de victimizaciones en Melilla asciende a 112. Este dato es ligeramente superior al de hechos conocidos (109), lo que indica que en algunos casos de ocupación existen múltiples propietarios o titulares afectados por un mismo inmueble usurpado.
Evolución de los datos en España
Mientras, a nivel nacional las denuncias por delitos relacionados con ocupaciones de vivienda han bajado casi un 10% en 2025, de manera que se han anotado 14.875 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad, incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de inmuebles como los más graves de allanamiento.
Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma que acumula más denuncias, con 5.913 casos durante el pasado ejercicio, lo que representa casi el 40% del total de España. Le sigue Andalucía con 1.909 casos en 2025 (-13% con respecto a 2024), Comunidad Valenciana con 1.805 (+2%) y Comunidad de Madrid con 1.269 (-12%).
Canarias (596 situaciones), Castilla-La Mancha (502), País Vasco (456), Islas Baleares (433) y Murcia (425) son, por este orden, el resto de regiones con más casos contabilizados el año pasado según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.
