Melilla recibe una media de 26,6 peticiones de prórrogas de permisos de trabajadores transfronterizos al mes.
Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 se presentaron 320 solicitudes de renovación de autorizaciones para transfronterizos en el Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso El Faro.
Pese a tener 7.498 parados, el sector local de panaderías y confiterías se ha quedado sin personal porque muchos trabajadores transfronterizos han pedido asilo político y se han marchado a la península.
Según explica el sindicato UGT, esto se debe a que los desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo no tienen la calificación necesaria como horneros, pasteleros o chocolateros, que necesitan los establecimientos de pan y dulces de la ciudad.
También, añade, porque el convenio colectivo del sector de panaderías lleva sin actualizarse desde el año 2009 y por los sueldos que ofrecen no encuentran trabajadores en la ciudad.
Elena Nieto, responsable del Área de Trabajo y Extranjería de la Delegación del Gobierno, no tiene conocimiento de la existencia de trabajadores transfronterizos que se estén aprovechando de los resquicios legales que les brinda la actual Ley de Asilo para conseguir un permiso de residencia en España, ya que la mayoría de estos empleados sólo tiene permiso de trabajo.
Para UGT, los transfronterizos del sector de panaderías deberían tener ambos permisos: el de trabajo y el de residencia porque pernoctan en la ciudad, al tener que hacer el pan de madrugada.
Nieto ha avanzado este viernes a El Faro que cada vez son más los empresarios que tramitan los permisos de trabajo y residencia para sus empleados transfronterizos y considera que desde el Ministerio del Interior habría que reforzar la Oficina de Asilo de Melilla para que no se admitan a trámite los expedientes de personas que no reúnen las condiciones para recibir protección internacional.
Ella se refiere a que, por ejemplo, en el caso de los transfronterizos, está claro que han estado entrando y saliendo de Melilla mientras estuvo la frontera abierta por lo que no pueden justificar la persecución.
El Ministerio debería reforzar además la plantilla para resolver los expedientes tramitados en el plazo de seis meses establecido por ley, porque pasado el año y medio los solicitantes de asilo con tarjeta roja automáticamente tienen permiso para trabajar.
La responsable del Área de Trabajo e Inmigración en Melilla es consciente de que si abriera la frontera, esto podría colapsar la Oficina de Asilo de la ciudad.
En cambio, si la frontera continúa cerrada, la Delegación del Gobierno se plantea no renovar más permisos a transfronterizos porque al no haber tráfico fronterizo, tampoco puede haber transfronterizos.
No obstante, ha aclarado que se buscaría una alternativa para estos trabajadores.
Vox Melilla calificó este viernes de "suicida" el uso de trabajadores transfronterizos en Melilla.
