El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha acordado este viernes el levantamiento parcial de la suspensión de plazos administrativos que se había decretado tras el ciberataque del pasado 22 de junio. La medida se aplicará exclusivamente a los procedimientos de contratación pública que se tramitan a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), al no haberse visto afectada por el incidente cibernético.
La decisión, adoptada en sesión extraordinaria y urgente, responde a lo que la administración melillense define como una aplicación rigurosa de los "principios de legalidad, proporcionalidad y continuidad del servicio público" en una situación excepcional sin precedentes en la ciudad.
El ciberataque sufrido en la madrugada del domingo 22 de junio paralizó completamente los sistemas informáticos de la administración melillense, obligando al Consejo de Gobierno a decretar la suspensión general de todos los plazos administrativos. Sin embargo, la identificación de que la plataforma externa de contratación pública mantenía su operatividad ha permitido esta reactivación parcial.
"Se considera oportuno levantar la suspensión de plazos exclusivamente respecto a estos procedimientos, en aras de evitar una paralización innecesaria que pueda comprometer la eficiencia del gasto público y el interés general", justifica el acuerdo gubernamental.
La medida busca equilibrar la protección de los derechos de los ciudadanos con la necesidad de mantener la actividad económica esencial de la administración, aplicando lo que los juristas denominan el "principio de proporcionalidad" en la gestión de crisis.
Para asegurar la igualdad de trato entre empresas, el Consejo de Gobierno ha establecido un sistema de plazos extraordinarios y ampliaciones que compensa el tiempo perdido durante la suspensión. Los licitadores que ya habían presentado ofertas antes del ciberataque podrán presentar nuevas proposiciones, considerándose válida únicamente la última presentada.
Además, se ha fijado un horario límite de presentación hasta las 15:00 horas para permitir que la asistencia técnica de la plataforma pueda resolver incidencias de último momento, una medida que evidencia la atención al detalle en la gestión de esta crisis administrativa.
Este caso melillense se perfila como un ejemplo de cómo las administraciones públicas pueden mantener la continuidad de servicios esenciales incluso en situaciones de emergencia cibernética. La aplicación selectiva de las medidas excepcionales, limitándolas solo a los ámbitos realmente afectados, demuestra una interpretación madura de los instrumentos legales de crisis.
El artículo 32.5 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común permite a las administraciones acordar la suspensión de plazos cuando los ciberincidentes afecten gravemente a los sistemas, pero también faculta para el levantamiento parcial cuando existan "ámbitos administrativos no afectados por la causa excepcional".
La reactivación parcial evitará el retraso en adjudicaciones que podrían afectar a servicios públicos esenciales y obras de infraestructura. Los procedimientos de contratación "mayor", que representan el grueso de la inversión pública municipal, podrán continuar su tramitación normal en la fase de adjudicación.
No obstante, otras actuaciones administrativas que requieran el uso del gestor de expedientes corporativo seguirán suspendidas hasta la restauración completa de los sistemas internos, cuya fecha aún no ha sido determinada por los servicios técnicos.
Esta actuación se suma a la doctrina que viene desarrollando la Abogacía General del Estado sobre la gestión administrativa en situaciones de fuerza mayor tecnológica. El caso melillense aporta un enfoque granular, distinguiendo entre sistemas afectados y no afectados, que podría servir de referencia para futuras crisis similares en otras administraciones.
La experiencia de Melilla demuestra que la administración electrónica, pese a sus vulnerabilidades, permite también respuestas más ágiles y proporcionadas cuando se combina adecuadamente el marco legal existente con una evaluación técnica rigurosa de los sistemas disponibles.
El resto de plazos administrativos permanecen suspendidos hasta nuevo aviso, en espera de la restauración completa de los sistemas internos de la Ciudad Autónoma.
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