El Pleno de la Asamblea aprobó, con los votos de PP y PPL, la liquidación de las últimas cuentas pendientes del 2012. El Pleno de la Asamblea aprobó en la jornada de ayer el reconocimiento extrajudicial de créditos de una relación de facturas correspondientes al pasado ejercicio por un valor de 1,86 millones de euros. Los grupos de la oposición coincidieron al señalar que el Gobierno local había tomado buena nota de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en años anteriores, algo que el Ejecutivo melillense admitió. “Se trata de poner el contador al cero”, afirmó su portavoz, Daniel Conesa, durante la sesión de ayer.
El primero en tomar la palabra fue el cepemista Hassan Mohatar, quien se limitó a apuntar que el asunto a votar era una de las sugerencias realizadas por el Tribunal de Cuentas en otros ejercicios. El diputado socialista Dionisio Muñoz fue un paso más allá y afirmó que el Ejecutivo había tomado dicha decisión a raíz de la imputación de 27 dirigentes políticos de PP, PSOE y CpM, así como de distintos funcionarios participantes de dicho órgano, por presunta prevaricación administrativa, a causa del procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción Número 1 de la ciudad autónoma, que a su vez se inició a resultas de un informe de la Fiscalía de Málaga que proviene de un escrito del Tribunal de Cuentas, sobre falta de documentación en un total de 16 expedientes gestionados entre los años 2006 y 2007. “Han reaccionado a resultas de este caso tan aparatoso”, afirmó.
Contenido de las facturas
Asimismo, criticó el contenido de algunas de las facturas a sufragar, como una para contratar a una educadora de apoyo por valor de 2.800 euros, tres del área de Festejos relacionadas con gastos extras en viajes para mayores por importe de 8.500 euros cada una, otra de 830 euros por consumiciones en la pasada Feria y una última de 1.800 euros en concepto de catering para bailarinas de las mismas fiestas patronales. “Algunas de las facturas son bastante extrañas”, apuntilló.
El portavoz de PPL, Julio Liarte, valoró que el Ejecutivo haya decidido “poner el contador a cero” y resaltó que ya no tendrá que agotar los créditos solicitados para el presente ejercicio.
El consejero de Economía y vocal del Grupo Popular, Daniel Conesa, hizo suya la frase del dirigente de PPL y apuntó que la medida tenía como objeto poner al día las facturas pendientes de la Ciudad Autónoma. Asimismo, admitió que se estaban asumiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, aunque recordó que este organismo hace sugerencias a todas las administraciones. “Así evitaremos distorsiones financieras en el futuro”, añadió.
“Escandaloso y aparatoso”
Conesa coincidió con Muñoz al calificar de “escandaloso y aparatoso” el caso de la Mesa de Contratación y reseñó que los imputados están dando las explicaciones oportunas ante el juez sobre los expedientes que están a examen de la Justicia.
Por otro lado, respondió al diputado del PSOE que la Ciudad Autónoma tramitó en 2012 un total de 407 millones de euros en pagos, incluyendo todos los conceptos, y que la cantidad que se abonará ahora 1,86 millones de euros, representa el 0,45% de lo gestionado en movimientos de tesorería. “En lo que llevamos de año se han pagado 110 millones de euros. El porcentaje continuaría siendo mínimo”, reseñó.
El diputado socialista insistió, en su segundo turno de palabra, que muchas de las facturas tenían detalles “sospechosos y poco transparentes” y resaltó que dos empresas, Eulen y Clece, se llevaban buena parte de los pagos realizados desde las arcas municipales. Conesa tachó este argumento de demagógico y lo consideró “algo habitual” en Muñoz. Por su parte, Liarte señaló que la postura de su grupo era que, en asuntos de este tipo, “cuanta más gente esté de acuerdo, mejor”.
A la hora de votar PP y PPL lo hicieron a favor, mientras que socialistas y cepemistas optaron por abstenerse.
