Melilla, como la mayoría de los ciudadanos saben, no tiene competencias para gestionar la sanidad pública, que depende en exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez a través del Ministerio que dirige Mónica García, quien ocupa el cargo por la cuota que le corresponde a Sumar dentro de ese Ejecutivo. Por eso llama la atención que la cuestión sanitaria, que tanto preocupa a los melillenses, fuera utilizada por el único diputado de Somos Melilla, Amín Azmani, para atacar al equipo liderado por Juan José Imbroda en la Ciudad Autónoma.
Azmani es perfectamente consciente de que el Gobierno local, por mucho que quiera, no puede tomar decisiones relacionadas con la sanidad pública, pero sabía que utilizar políticamente el mal estado del sistema le podía dar algún rédito por cuanto que cuestionó en la Asamblea que haya realmente preocupación por cómo están funcionando las cosas en ese nefasto servicio que el Ingesa está prestando a los ciudadanos. Su objetivo era Imbroda, al que culpó de ir a Madrid solo cuando le conviene al PP y no para reunirse con la ministra ni pedir mejoras.
Lo cierto y verdad es que el estado de la sanidad pública siempre ha estado en la agenda de los populares desde hace años. Hay que recordar que hace unos meses, los consejeros Randa Mohamed y Daniel Ventura tuvieron una reunión con la ministra, que les dio un golpecito en la espalda y poco más. Hubo buenas palabras, el reconocimiento de que quizás se le había endulzado en algo la situación por la que atravesaba la cosa y nada más. De hecho, a día de hoy, no hay medidas efectivas que, por ejemplo, doten de contenido la declaración de "difícil desempeño" que se reconoció a los profesionales de la Medicina que trabajan en la ciudad.
El caso es que los miembros del Partido Popular lo tuvieron fácil para dar la réplica a Azmani: la portavoz del Gobierno, Fadela Mohatar, le recordó que el propio Imbroda, en su etapa como senador, ya interpeló al entonces ministro Miñanes sobre la sanidad pública y por las medidas que estaba preparando su departamento para solucionar los problemas. Además de Imbroda, diputados y senadores populares han presentado mociones, preguntas, etc., sin que ni una sola vez hayan conseguido, al menos, el reconocimiento de que el Ingesa no está haciendo regular.
Muy al contrario, la propia delegada del Gobierno, Sabrina Moh, afirmó hace unas semanas que había médicos más que suficientes en Melilla mientras que la nueva directora general de Ingesa, Isabel Muñoz, prometía en una entrevista con El Faro que se pondrán en marcha medidas, pero todo se deja a un futuro incierto, sine die, como cuando dijo que el nuevo hospital universitario empezaría a funcionar en el último trimestre de este año cuando el Ejecutivo, en una respuesta parlamentaria, afirmó que se pondría en marcha en el primer semestre de este 2024.
Lo que está ocurriendo con la sanidad pública en Melilla es demasiado serio como para que nadie quiera obtener beneficio político. Estamos hablando de una situación insostenible, largas listas de esperas, especialidades que tardan más de cuatro meses en concretar una cita, como es el caso de los otorrinos, mientras los contribuyentes asisten a una decadencia del sistema nunca antes conocida en la ciudad.
