Melilla no se puede permitir el lujo de seguir perdiendo conexiones aéreas solo porque haya mal tiempo y las nubes bajas no permitan el aterrizaje en el aeropuerto local. Y el hecho es que soluciones hay, se conocen pero no se ponen en marcha, a pesar de que el Ministerio de Transporte de Óscar Puente se comprometió hace ya tres meses a estudiar métodos para reducir las incidencias que impiden la entrada de aviones en la ciudad. Lo curioso es que se diga que se van "a estudiar métodos" cuando todo el mundo sabe cuál es el problema: se necesita un nuevo sistema de aproximación de las aeronaves porque el actual está más que obsoleto y obliga prácticamente a aterrizar "a ojo".
¿Por qué no se ha hecho nada en estos tres últimos meses? La respuesta es sencilla: no hay voluntad política de arreglar este problema. Para disimular y hacer creer que el Gobierno está haciendo algo, la Delegación, de vez en cuanto, convoca el llamado "grupo de transporte" en el que, curiosamente, no hay técnico alguno en la materia para poder establecer qué sistema necesita esta ciudad, cuánto cuesta y en qué plazo de tiempo podría estar operativo.
A favor del Ministerio, que es tanto como decir del propio Gobierno del PSOE, está el hecho de que los pasajeros culpan siempre a la empresa y no se paran a pensar que si no se puede aterrizar es porque no hay un sistema que garantice que el avión toca tierra sin conflictos. En este caso, la operadora no tiene responsabilidad alguna porque su obligación es la de asegurar la integridad del vuelo, de pasajeros y tripulación. Son otros, los que están en los sillones en Madrid, los que tienen que moverse y actuar, pero evidentemente no lo hacen.
Llegado este punto habría que plantearse si el problema es que no hay voluntad política de proporcionar una solución o si la ausencia de presupuestos generales es el handicap para que el aeropuerto no pueda ser dotado de los sistemas de aproximación imprescindibles para evitar las cancelaciones; incluso puede ser una combinación de ambas circunstancias. El caso es que los melillenses siguen sin tener totalmente garantizado su constitucional derecho a la libre circulación por su propio país porque el Gobierno de Sánchez no actúa como debe.
