Melilla ha llevado al Senado la situación que atraviesa en materia de dependencia, marcada por la falta de recursos, la insuficiente financiación estatal y las dificultades derivadas de su singularidad geográfica. La consejera de Política Social y Salud Pública, Randa Mohamed, expuso este escenario en la Comisión General de Comunidades Autónomas, donde trasladó la necesidad de una revisión urgente del modelo actual.
Durante su intervención, Mohamed incidió en que la ubicación extrapeninsular de la ciudad condiciona de manera directa la atención a las personas dependientes. A diferencia de otros territorios, en Melilla no existe la posibilidad de desplazarse a recursos cercanos dentro de una red regional, ya que cualquier traslado depende del transporte marítimo o aéreo, sujeto a horarios y condiciones meteorológicas. Esta situación obliga a que la ciudad deba disponer de suficientes recursos propios, sin alternativa viable fuera de su territorio.
En este contexto, recordó que las competencias en dependencia corresponden al Estado, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), como sucede también en Ceuta. Sin embargo, el incremento progresivo de personas mayores y en situación de dependencia ha puesto en evidencia que los recursos actuales resultan insuficientes para atender la demanda existente.
Entre las principales carencias, la consejera señaló que el contrato de 100 plazas en un centro asistencial ya es deficitario. A ello se suma la situación de la residencia polivalente, cuya capacidad se ha visto reducida de las 200 plazas iniciales a un máximo de 120 tras la aplicación de nueva normativa. Además, advirtió de que los cambios en los criterios de acreditación de centros pueden comprometer la continuidad del contrato vigente, lo que pondría en riesgo la disponibilidad de estas plazas.
Mohamed también detalló el impacto económico que soporta la ciudad. El coste total del sistema de atención a la dependencia supera los 9,7 millones de euros anuales, mientras que la aportación del Imserso se sitúa en 2,7 millones. Esto implica que la Ciudad Autónoma asume más de 7 millones de euros, triplicando la financiación estatal en un ámbito que no le corresponde gestionar.
Este desequilibrio se refleja en distintos servicios. En la ayuda a domicilio, el coste anual alcanza los 3,78 millones de euros, frente a una aportación estatal de 800.000 euros, lo que genera un importante déficit. Una situación similar se produce en el centro Gámez Morón, destinado a personas con discapacidad intelectual, donde la financiación estatal resulta insuficiente para cubrir los gastos reales.
La consejera subrayó que estas cifras se agravan por la falta de actualización de las aportaciones estatales, congeladas desde 2018 y 2020, a pesar del incremento de costes, especialmente los derivados de la subida del salario mínimo.
Por último, Mohamed alertó de la ausencia de una normativa específica de atención temprana en la ciudad, una carencia que, según expuso, puede derivar en mayores niveles de dependencia y discapacidad en el futuro.
Ante este escenario, reclamó una revisión urgente de la financiación, una adaptación normativa a la realidad de Melilla y un mayor compromiso institucional para garantizar una atención adecuada a las personas dependientes.
