La Ciudad Autónoma de Melilla ha completado la redacción y envío de un documento político y técnico que recoge las carencias estructurales que sufre el territorio y que justifica la necesidad de contar con un régimen especial en el marco de la Unión Europea. El informe ha sido remitido al Grupo Popular Europeo, el más numeroso en el Parlamento Europeo, como parte de una estrategia más amplia de reivindicación institucional para lograr que Melilla sea tratada con un estatus equivalente al de las regiones ultraperiféricas (RUP).
La vicepresidenta primera de la Mesa de la Asamblea, María José Aguilar, confirmó que el documento ya ha sido trasladado a Bruselas. “Se ha elaborado ese documento y se ha remitido al Grupo Parlamentario Europeo, al Partido Popular, que es el mayoritario, el más importante del Parlamento Europeo, y eso se ha realizado”, declaró.
El informe destaca las barreras legales, económicas y administrativas que limitan el desarrollo de la ciudad. Además, propone medidas específicas que podrían aplicarse para superar estos obstáculos, inspirándose en el marco jurídico de las RUP, que permite un tratamiento especial por parte de las instituciones comunitarias, al reconocer sus características geográficas, sociales y económicas particulares.
“El documento pone de manifiesto todas las carencias y la situación tan difícil de Melilla, porque consideramos que tiene que ser una zona análoga a las ultraperiféricas”, explicó Aguilar, quien también señaló que han recibido respuesta positiva desde el Grupo Popular Europeo y que existe constancia de que han leído el informe y lo respaldan.
Una parte pendiente de esta estrategia es la escenificación institucional de la entrega del documento en Bruselas, que Aguilar considera fundamental para reforzar el compromiso político con esta petición. “Estamos a la espera de poderlo confirmar, pero el viaje se va a hacer y me comprometo a comunicarlo cuando lo vayamos a hacer, para que además tenga un seguimiento”, añadió.
A esta iniciativa se suma la colaboración establecida entre la ciudad autónoma y la Oficina de la Junta de Andalucía en Bruselas. Gracias a este vínculo, Melilla está recibiendo con regularidad información sobre convocatorias europeas que pueden beneficiar tanto al sector público como al privado. “Desde que tenemos a nuestra disposición la oficina, tenemos toda la ayuda y todos los beneficios que esa oficina puede dar para Melilla”, aseguró Aguilar.
La vicepresidenta indicó que la documentación que reciben cada quince días es voluminosa y requiere un análisis riguroso, ya que muchas convocatorias tienen plazos concretos o van dirigidas a determinados países. A pesar de esa complejidad, se espera que en el primer trimestre de 2026 puedan ya presentarse propuestas sólidas basadas en esa información.
Desde Melilla se insiste también en la necesidad de que el Gobierno central respalde de forma firme esta reivindicación, ya que la ciudad no cuenta con competencias ejecutivas suficientes para materializar por sí sola los cambios necesarios. “Nosotros podemos impulsar, promover, ser insistentes, pero la ciudad autónoma no tiene competencias como tal. Si el Ejecutivo nacional no actúa, nuestra labor queda vacía de contenido”, afirmó.
En este sentido, Aguilar recordó que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha insistido en esta línea y que recientemente se ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, en términos similares a los del documento enviado a Europa, que fue aprobada con los votos del Partido Popular y la abstención del PSOE.
Por otro lado, Aguilar manifestó su confianza en que si el Partido Popular llega al Gobierno de España, se cumpla el compromiso expresado por su líder, Alberto Núñez Feijóo, durante su última visita a la ciudad. “Va a apoyar y apoya realmente todas nuestras peticiones que hemos hecho en todo lo escrito”, remarcó.
Esta acción se enmarca en una apuesta estratégica que Melilla viene desarrollando desde hace tiempo para lograr un mayor reconocimiento institucional dentro de Europa. La ciudad reclama un encaje que le permita superar sus actuales limitaciones estructurales, garantizando el acceso a mecanismos de ayuda específicos que impulsen su desarrollo social y económico en igualdad de condiciones con otros territorios.
