El portavoz del Gobierno autonómico, Daniel Conesa, augura pocos cambios, pues el sector es proporcionalmente más pequeño que en otros territorios del panorama nacional.
El Gobierno de Mariano Rajoy se ha puesto manos a la obra para redimensionar el sector de las empresas públicas. Así, el pasado viernes se aprobó en Consejo de Ministros la eliminación de 27 entes que dependían del Estado. Asimismo, se acordó agilizar los trámites de liquidación de catorce sociedades y cerrar el grifo de la inversión pública a otras ocho empresas.
En base a esta política, el Gobierno de Melilla deberá estudiar en las próximas semanas cómo racionalizar sus principales empresas. No obstante, su portavoz, Daniel Conesa, señaló en la jornada de ayer a los medios de comunicación locales que el sector en la Ciudad Autónoma es de unas dimensiones mucho más reducidas que en otros puntos del territorio nacional, lo que hace augurar que habrá pocos cambios en este terreno.
El portavoz gubernamental y consejero de Economía recordó que redimensionar la gestión de empresas públicas es un compromiso al que se ha llegado en distintos foros, como en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que atañe a las autonomías, o en la Federación Española de Municipios y Provincias, por lo que Melilla deberá meditar si toma alguna medida en este aspecto.
No en vano, insistió en que los entes públicos dependientes de la Administración melillense no son demasiado numerosos y que su estructura interna suele ser bastante pequeña. En este sentido, calculó que la que tiene más trabajadores en plantilla es Inmusa, la encargada de Televisión Melilla.
No obstante, señaló que entre las tres empresas principales, Inmusa, Promesa y Emvismesa, no superan el total de 180 personas. “Aunque no me gusta realizar comparaciones, en otras autonomías el número de entes de este tipo es mucho mayor”, defendió.
De igual modo, recalcó que desde el año 2004 sólo se ha creado una empresa pública más, el Instituto de las Culturas, e insistió en que las que ya existían con anterioridad tienen una estructura interna completamente adaptada a las necesidades de la Ciudad Autónoma.
En vista de lo que afirmó el consejero, no se esperan modificaciones demasiado agresivas en este terreno, aunque las directrices marcadas por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy obligan al Gobierno melillense a meditar qué hacer en este terreno.
Por el momento, todo lo que hay por parte del Ejecutivo de Juan José Imbroda es la firme promesa que realizó ayer su portavoz de que el asunto se estudiará detenidamente, aunque la situación fiscal de Melilla, más saneada que la de otras provincias y autonomías, según se afirma desde el propio Gobierno local, hace prever que habrá pocos cambios al respecto.
En cuanto a algunas de las empresas eliminadas recientemente por la Administración del Estado, como la de Centros Logísticos Aeroportuarios (CLASA) no afectará a Melilla de manera directa, según afirmó ayer Conesa.
Eficiencia presupuestaria
El objetivo del plan de reestructuración del Gobierno central es reorganizar el sector público empresarial “bajo los principios constitucionales de eficiencia, economía y estabilidad presupuestarias”, pues un informe elaborado por los ministerios de Hacienda y Presidencia ha revelado que el crecimiento de estas sociedades en los últimos años no parece justificado.
Según el Gobierno central, en ocasiones se ha podido recurrir a las empresas públicas para huir de los controles presupuestarios que tiene la administración y habrían proliferado entidades para evitar el cómputo de determinadas inversiones sin una clara justificación jurídica mercantil.
La reestructuración de las sociedad mercantiles, en las que el Estado tiene una participación superior al 50% se enmarca en el plan de austeridad que ya ha empezado a aplicar el Gobierno en el sector público al controlar las retribuciones de los directivos y restringir el número de consejeros.
El informe aprobado el viernes por el Consejo de Ministros plantea diversos tipos de actuaciones, como la extinción de filiales para su integración en la matriz o la supresión de empresas cuya permanencia no esté justificada por el interés público.
Montoro: “Quien aprueba una oposición no lo tiene todo hecho”.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó ayer que la reforma de la Administración “no debe dar miedo a nadie” y que “ningún funcionario tiene nada que temer”, si bien ha dejado claro que la administración pública “no es una oficina de contratación”.
En una conferencia en el Club Antares de Sevilla, Montoro defendió que hay que cambiar el concepto “equivocado” de la función pública en el sentido de creer “que quien saca una oposición ya lo tiene todo hecho y un empleo seguro”.
Así, así abogó por abandonar esa mentalidad, porque quien trabaja en un servicio público “se lo tiene que ganar como todos los españoles e incluso de forma más exigente” y apostó por una administración eficiente que evite la superposición de competencias y, por tanto, el despilfarro.
“Parece que estamos ante oficinas de colocación y eso es un concepto equivocado”, señaló el ministro, quien insistió en que los ayuntamientos “no están para contratar a gente, sino para contratar a gente que sirva a los ciudadanos”.
No obstante, aclaró que eso lo tendrá que valorar cada administración y garantizó que el Gobierno central mantendrá el sueldo de los funcionarios en los Presupuestos del Estado para 2012.
