El Observatorio Estatal para la Dependencia pone a la ciudad un 1,3 de nota sobre 10. Afirma que el sistema nacional “está colapsado”. El Observatorio Estatal para la Dependencia aseguró ayer que Melilla está entre las regiones que peor gestionan la dependencia, junto a Ceuta, Canarias y Valencia. Esta entidad, que depende de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, se reunió ayer en Segovia para dar a conocer los datos del último informe que ha realizado sobre cómo se aplica la Ley de Dependencia en toda España.
El Observatorio Estatal para la Dependencia concluye que el sistema de atención a dependientes está “colapsado” y ha llegado a un “punto total de estancamiento” con 190.000 personas en espera de prestación.
Melilla y Ceuta 1,3 puntos
Los datos se dieron a conocer ayer por parte del presidente de la asociación, José Manuel Ramírez Navarro, que precisó que a la cola en la gestión de dependencia, con una puntuación de 0,4, está la Comunidad Valenciana, donde se han cerrado residencias, y Canarias le sigue con un 0,8. Melilla y Ceuta cuentan con 1,3 puntos. En cambio Castilla y León, con 9,3 puntos, y el País Vasco, con 8,3, son las comunidades que gestionan mejor la dependencia en España.
Ramírez Navarro aseguró que en España “morirán entre 60.000 y 70.000 dependientes con derechos reconocidos mientras esperan una residencia o una ayuda”.
Demolición de la ley
“El sistema de atención a dependientes está en proceso de demolición”, al límite de su capacidad, según Ramírez, que culpó al Gobierno de Mariano Rajoy de “derogar prácticamente la Ley de Dependencia” con cinco decretos. Afirmó que ha retirando derechos o aplazando la atención a dependientes moderados, además de reducir la financiación.
Recordó que el 54% de los dependientes en España cuenta con más de 80 años y el 75% tiene una edad superior a los 65 años, mientras que el sistema se estanca en 750.000 personas y sólo se incorporan nuevos beneficiarios a medida que se registran bajas.
80 años para dar respuesta
De acuerdo con el Observatorio, durante el año pasado, se registraron 1.644.284 solicitudes, mientras que fueron evaluadas 1.530.190 personas, de las que se dictaminó que 944.345 tienen derecho a prestación, siendo atendidas 753.842.
Con unas 190.000 personas que deberían estar siendo atendidas por derecho, a la espera de prestación, al ritmo medio de incremento de las peticiones del último año, se tardaría más de 80 años en dar cobertura y en algunas comunidades tendría que pasar más de un siglo.
El Observatorio ha detectado que se están reduciendo paulatinamente las personas con gran dependencia, 23.608 en el último año, sin que la reposición por agravamiento de las personas con dependencia severa supla a los primeros.
En términos de financiación, en 2013 se redujo el gasto público en un 4%, unos 212 millones de euros menos, respecto al anterior, cifrándose en un total de 6.300 millones de euros.
Se estima que el ahorro acumulado sólo por la pérdida de expedientes de grado de gran dependencia estará entre 16 y 18 millones de euros, si se considera desde julio de 2012.
En todo caso, el Observatorio explica que el número de personas en situación de dependencia dictaminada, independientemente del grado, ha sufrido una reducción interanual neta de 26.306 (-2,1%).
