ACNUR cree que la UE intenta “dar un impulso” a la política de refugiados con las posibles sanciones.
Ante las posibles sanciones que estudia imponer la Comisión Europea (CE) a España y a otros países comunitarios a causa de no haber transpuesto las directrices europeas sobre las garantías de asilo o no haber comunicado la incorporación de esta norma a la legislación nacional, el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) considera que, aunque en la teoría el Gobierno puede cumplir con esta regulación de la UE, “en la práctica” no se garantizan ciertos derechos a los potenciales asilados. “La situación de Melilla es un ejemplo”, apunta en declaraciones a El Faro María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, argumentando que la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad, que está lleno “al tripe de su capacidad”, es un ejemplo.
“Hemos dicho en muchas ocasiones que nos preocupa que estén allí”, apunta también Vega, que añade que “es importante que las familias estén en unas instalaciones adecuadas”. Asimismo, la portavoz de ACNUR apuntó que “los Estados miembros (de la UE) tienen que velar por una vida adecuada para que estas personas puedan subsistir donde soliciten asilo”.
Sistema de asilo mejorado
Por otro lado, desde esta organización ven en el compromiso de España de ser solidaria con la crisis de refugiados sirios y en la intención de Bruselas de “crear un sistema de asilo armonizado” una “oportunidad” para “sentar las bases de un sistema de asilo mejorado”, ya que consideran que “el que hay ahora no responde adecuadamente a la demanda” de personas que pretende entrar en la UE y hay que reaccionar “antes de que lleguen más”.
“En Melilla, en concreto, es importante que se refuercen las oficinas de asilo. Los funcionarios de Policía están haciendo trabajo impresionante que hay que reforzar”, indica Vega, que sostiene que es necesario incrementar este servicio dado el “considerable” aumento en la llegada de peticionarios de asilo.
Legislación española
Sobre los motivos que han llevado a Bruselas a enviar una carta previa a una posible sanción al Gobierno central, la portavoz de ACNUR apunta que “la legislación española sí es acorde con bastantes parámetros de la directiva” en la teoría, pero la CE pide que “se constaten los detalles” de cómo se llevan a la práctica estas políticas de asilo.
“La Ley de España deja los detalles a desarrollo reglamentario y no hay un ningún reglamento”, señala Vega, que apostilla que esta medida “tendría que haber entrado en vigor en mayo de 2010, pero todavía no está hecha”.
Asimismo, la portavoz explica que la directiva de acogida y procedimiento de la UE fueron aprobadas en 2013 y España tenía dos años para incorporarla a la legislación, cosa que no ha hecho y que ha motivado la posible sanción”.
Armonizar las políticas de asilo en toda la UE
Sobre el porqué de que precisamente ahora, cuando mayor flujo de refugiados sirios llega a la Unión Europea, sea el momento en el que la Comisión Europea (CE) amenace con sancionar a España, ACNUR cree que es un “intento de armonizar” las políticas de asilo en toda la UE.
Así pues, desde la organización lamentan que sea “una lotería” el país al que llegan los peticionarios de asilo, puesto que pueden tener diferentes calidades de vida dependiendo del país al que llegue o donde se les sitúe.
El “tiempo de congelación” de refugiados
Uno de las situaciones que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) apunta que se dan en España y contravienen la directiva europea es la tardanza en la resolución para dar asilo. Según comenta la portavoz de este organismo, María Jesús Vega, en declaraciones a El Faro, si una persona, a día de hoy, solicita cita para pedir asilo en España, el plazo para tener este encuentro puede llegar a alargarse hasta febrero. “Mientras tanto hay una desprotección porque pueden detener a los refugiados por no tener papales y ser trasladado a un centro de internamiento”.
Asimismo, Vega apunta que si no se es asilado, una persona no tiene garantizado el acceso a la sanidad o a la vivienda, puesto que, además, en este segundo caso, si no se tiene documentación es muy difícil encontrar un alojamiento.
“La ley puede ser acorde, pero la cuestión es la práctica”, asegura al respecto la portavoz de ACNUR, que hace referencia a la “directiva de congelación”. Esta situación se da cuando una persona solicita el asilo y tiene un plazo mínimo de seis meses para que le sea concedido. “Estamos viendo personas que llevan años a la espera de respuesta. En España hay 120.000 peticiones pendientes”, apunta también Vega.
Por otro lado, la portavoz del organismo pone sobre la mesa lo que muchos refugiados desean. “Cuando se concede el asilo, a los seis meses, se puede pedir reubicación familiar para que el resto de la familia de esa persona pueda salir del país”, asegura. Así pues, lamenta que estos plazos se alarguen por el hecho de que muchas de las personas que llegan a la UE y que vienen de un país en guerra, como Siria, desean ser acogidos para trasladar al resto de su familia y sacarla de una mala situación en su lugar de origen.
Así pues, Vega ve en la posible sanción de Bruselas a España “una oportunidad” de mejorar todas estas carencias que dice que tiene el sistema nacional, dado que dice que existe una intención por parte de la UE de homogeneizar las condiciones en los Estados miembros.
