Ceuta y Galicia se sitúan a la cabeza junto a la ciudad autónoma con el mismo porcentaje, 11,3 discapacitados por cada mil habitantes · El estudio de la Fundación la Caixa destaca además la relación entre pobreza y discapacidad.
La pobreza aumenta el riesgo de sufrir una discapacidad. Así se apunta en un estudio realizado por la Fundación La Caixa, en el que además se muestra que Melilla, junto a Ceuta y Galicia, son las regiones en la que la tasa de discapacidad es más alta, con un 11, 3% de sus habitantes, frente a la media española que se sitúa en un 9%. Asimismo, aunque según se apunta en el informe las mayores tasas de discapacidad se sitúan en las comunidades más envejecidas, en Melilla y Ceuta sucede justo lo contrario, ya que aunque la edad media de la población es la más baja, con 35,5 años, el porcentaje de discapacitados es el más alto. Este dato choca con la tendencia general, que indica que el mayor número de personas que sufren algún tipo de discapacidad son las mayores de 85 años.
Además, en lo referente a la relación entre renta media y tasa de discapacidad, en el caso de Melilla, aunque la renta media sólo está un 2% por debajo de la media, en concreto se sitúa en 1.826 euros, frente a los 1.863 euros de media nacional, el porcentaje de personas con discapacidad es un 26,2% más alto que el que se registra de media en la geografía española, por lo que según el coordinador del informe, Carlos Pereda, existen otros parámetros diferentes a los del resto de las regiones, un problema basado en las desigualdades sociales.
En este sentido, apunta que la única forma de atajarlo es realizar un reparto más equitativo de la riqueza.
El trabajo, que se ha realizado a partir de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) de 2008, señala que la tasa de discapacidades en los hogares españoles con ingresos inferiores a los 1.000 euros mensuales es del 8,4%, casi cuatro veces superior a la que se registra en familias que viven con más de 2.500 euros al mes, en las que este dato se sitúa en el 2,4%.
En este sentido, en las conclusiones del estudio se apunta que el origen de las discapacidades sobrevenidas antes de la edad de jubilación está estrechamente ligado a condiciones precarias de vida y de trabajo de las clases subordinas, con menos niveles de renta y formación.
Así, se indica también que la mayor propensión de los miembros de familias pobres a experimentar limitaciones físicas o psíquicas se mantiene en los mismos términos que en la encuesta de 1999, lo que muestra que en España sigue existiendo una importante desigualdad en el reparto de la renta y en el acceso a los medios necesarios para hacer frente a determinadas limitaciones o problemas.
Además se señala que a pesar del dinero aportado para pensiones de invalidez o incapacidad, los ingresos medios por hogar son un 25% más bajos que en los hogares sin discapacidad, y que este dinero extra no compensa, según se aporta en las conclusiones del informe la baja tasa de actividad del colectivo ni los gastos extras que se derivan de su discapacidad.
En el caso de Melilla y Ceuta, se indica que el número de beneficiarios de servicios o prestaciones de dependencia es de 12,8 personas por cada mil habitantes, un dato, que aunque no es el más bajo de las regiones españolas, sí se encuentra muy lejos de los que se registraron el Cantabria, con 25,6 beneficiarios por cada mil personas, La Rioja, donde este número llega los 24,3 o Andalucía, donde una media de 23,2 personas de cada mil obtuvieron algún tipo de prestación por parte de su comunidad autónoma.
El estudio apunta además que el colectivo de personas con discapacidad tiene también un bajo nivel educativo. Así, del millón y medio de ciudadanos en edad laboral en 2008, el 7% eran analfabetos en el caso de los discapacitados, frente al 1% de la probación general. Asimismo, el 16% de las personas con discapacidad había conseguido terminar la Educación Secundaria y el 12% había cursado estudios superiores, datos muy por debajo de los que se registran en la población general, donde se sitúan en un 24% y un 26%, respectivamente.
Así, se explica en el informe que teniendo en cuenta que la discapacidad sobrevino a la mayoría de la población analizada después de cumplir los 16 años, por lo que el déficit escolar no se debe tanto a que sufran alguna discapacidad, como a la extracción social precaria de las familias. Y es que en los hogares en los que la renta está por encima de los 2.500 euros mensuales, el 37% de los discapacitados han terminado estudios superiores, un porcentaje que en este caso supera al de la población general, que se sitúa en 26% y demuestra que en una familia con una renta alta la discapacidad no impide a estas personas finalizar su formación.
El informe también hace una diferenciación entre el porcentaje de discapacidad que se da en hombres y mujeres. Así, en España hay 2,3 millones de mujeres que sufren algún tipo de discapacidad, frente a 1,5 millones de hombres.
No obstante, en la etapa infantil son los hombres los que se ven más afectados por la discapacidad, en concreto son un 43% de los discapacitados hasta los cinco años y un 74% entre los 6 y los 15. Sin embargo a partir de los 65 años la prevalencia de mujeres con discapacidad es muy superior a la de los hombres, en concreto 35 de cada cien mujeres sufren algún tipo de discapacidad a partir de la edad de jubilación, frente a 23 de cada cien hombres. No obstante esta tasa se va acercando a partir de los 85 años, cuando el porcentaje de discapacidad se sitúa en el 53% de los hombres y el 60% de las mujeres.
