La imagen que proyecta Melilla al resto del país y la que ofrece a los ciudadanos que la visitan no depende sólo de las actuaciones que llevan a cabo tanto la Administración central como, sobre todo, el Gobierno local. La impresión que ofrece la ciudad también depende de que sus calles se mantengan limpias, de que se respete el mobiliario urbano, de que se haga un buen uso de los espacios públicos... de la colaboración de todos en hacer de Melilla un lugar cada día mejor, más habitable, agradable y atractivo. En este sentido, no es posible presentar la ciudad como referente del modernismo arquitectónico cuando una parte de sus inmuebles ofrece una lamentable imagen de abandono. Por eso resulta sensato ‘obligar’ a los propietarios de estos edificios a hacer uso de las ayudas que ofrece la Administración local para ejecutar labores de mantenimiento y restauración, sobre todo cuando las ayudas cubren hasta el 85% de la cuantía del proyecto. Si el conjunto de los ciudadanos financia con sus impuestos la mayor parte del coste de esas obras, parece lógico obligar al propietario del inmueble a sufragar el restante 15% ya que él será el principal beneficiario de la obra al ser el dueño del edificio.
Melilla necesita más inversiones para mejorar la imagen que proyecta, pero también necesita que sus ciudadanos las reclamen activamente y que se trate con el debido respeto las mejoras que se realizan en los espacios públicos. De otra manera, los esfuerzos económicos que pueda cometer la Administración siempre acabarán en saco roto.
