La Ciudad Autónoma de Melilla respaldó este jueves el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 durante la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada en Madrid, aunque el consejero de Fomento, Miguel Marín, dejó claro que el apoyo de las comunidades autónomas no implica que exista consenso sobre el contenido del acuerdo. El dirigente melillense criticó duramente tanto la financiación prevista para la ciudad como la política de vivienda del Gobierno central en los últimos años.
Según informó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el nuevo plan movilizará una inversión total de 7.000 millones de euros en toda España, de los que 7 millones corresponderán a Melilla hasta 2030. Para 2026, la asignación prevista para la ciudad autónoma será de 800.000 euros.
Tras finalizar la reunión, Marín aseguró que la ministra Isabel Rodríguez “está confundiendo el voto favorable con el consenso” y afirmó que “la gran mayoría de las comunidades autónomas” están en contra del contenido del plan, aunque finalmente lo apoyaron porque “preferimos muy poco a nada”.
El consejero sostuvo que el documento llega “muy tarde”, que “no resuelve el problema actual de vivienda” y que la financiación prevista por el Ejecutivo central resulta “manifiestamente insuficiente”. En ese sentido, detalló que de los 4,2 millones aportados por el Estado para cinco años, únicamente 336.000 euros anuales irán destinados a la construcción de vivienda protegida, una cantidad que, según dijo, “no da ni siquiera para construir dos viviendas al año”.
Durante su intervención en la conferencia sectorial, Marín trasladó directamente a la ministra dos preguntas: si ese era el plan que el Gobierno tenía para resolver el problema de vivienda en Melilla y si consideraba que esa financiación era “lo que merecen los melillenses”.
El titular de Fomento fue especialmente crítico con la gestión estatal en materia de vivienda en la ciudad autónoma. Según afirmó, entre el año 2000 y junio de 2018 se construyeron en Melilla 1.828 viviendas protegidas repartidas en 30 promociones, mientras que desde la llegada del actual Ejecutivo “no se ha construido ni una sola vivienda de protección oficial”.
Marín también reprochó al Gobierno central que, a su juicio, haya intentado atribuirse promociones iniciadas durante anteriores mandatos. En concreto, recordó una promoción cuya adjudicación, según explicó, se produjo en marzo de 2018 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y con el Ejecutivo local presidido por Juan José Imbroda. El consejero sostuvo que el actual Ejecutivo únicamente acudió “al final de obra” para “hacerse la foto”.
Además, el consejero rechazó la apuesta por la construcción industrializada incluida en las líneas estatales de vivienda. Marín afirmó que Melilla “no quiere construcción industrializada” porque considera que perjudicaría al tejido económico y al empleo local al depender de módulos prefabricados procedentes de la península.
Por último, reclamó al Gobierno central que impulse convenios similares a los desarrollados durante etapas anteriores del Partido Popular, asegurando que gracias a esos acuerdos se pudieron construir las 1.828 viviendas protegidas levantadas en la ciudad durante aquellos años.
Por su parte, la ministra Isabel Rodríguez defendió el acuerdo alcanzado y destacó que todas las comunidades y ciudades autónomas respaldaron la distribución de fondos del nuevo plan estatal. La responsable ministerial aseguró que el pacto demuestra la capacidad de entendimiento entre administraciones “de distinto color político” para afrontar el problema de la vivienda.
