La Ciudad entra en el 30% de instituciones que no han resuelto los señalamientos hechos en el año 2012.
El Defensor del Pueblo ha detectado que un 29% de las recomendaciones que hizo el año pasado a autonomías, organismos y estamentos políticos, civiles y militares respecto a la trata de seres humanos no se han solucionado aún.
Entre esos temas pendientes, que han pasado a ser ya “retos principales” para la institución que dirige Soledad Becerril, se encuentra un señalamiento hecho a Melilla y Ceuta para que refuercen los protocolos de actuación para la detección inmediata de potenciales víctimas de trata en las ciudades autónomas.
Así lo recoge la actualización del estudio monográfico ‘La trata de seres humanos en España: Víctimas invisibles’, publicado la semana pasada. Este documento hace un repaso al estado de las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo en su informe anual correspondiente 2012.
El material actualizado recoge que tanto en Melilla como en Ceuta, tras comprobar que algunos menores residentes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) no tenían relación de parentesco con los adultos que los acompañaban, se elaboró un protocolo de actuación para aquellos casos en los que existen indicios de inexistencia de vínculos de filiación. Ante estas situaciones se ofrecen pruebas voluntarias de ADN. Estos análisis son posibles gracias a un convenio firmado entre la Consejería de Bienestar Social de la ciudad y la Fundación DNA Prokids de la Universidad de Granada.
Este protocolo es el que el Defensor del Pueblo recomendó en 2012 que había que reforzar. Sin embargo no se ha hecho y ha pasado de ser una recomendación a uno de los retos principales que se ha planteado ahora la institución.
Para comprobar cómo se había avanzado en Melilla en el tema de la protección de la infancia y la trata de menores, el organismo dirigida por Soledad Becerril hizo una visita a la ciudad en agosto pasado. De hecho, Melilla fue el último lugar de España controlado por el personal del Defensor del Pueblo antes de actualizar el informe publicado la semana pasada.
Esa visita incluyó controles en el CETI, la Comandancia de la Guardia Civil y la Comisaría de la Policía Local, según recoge el estudio.
Hay que tener en cuenta que pese a que el Defensor del Pueblo reconoce que Melilla no ha reforzado el protocolo de actuación para detectar niños que pudieran ser víctimas de la trata de seres humanos, la institución aplaude el hecho de que todos los organismos implicados en su control “hayan mostrado su disposición a colaborar en la elaboración de un protocolo nacional para la deteccción de nuevas víctimas”.
Entre ellos, la Guardia Civil, a la que en 2012 se le exigió un Plan Estratégico contra la trata que el Instituto Armado ya ha elaborado.
Siete casos este año
Que haya que reforzar el protocolo de actuación no quiere decir que no se esté haciendo nada. En lo que llevamos de año se han detectado en el CETI siete casos de menores que convivían con padres falsos, tal y como publicó El Faro.
El último de estos casos se dio antes del verano. Las autoridades tienen claro que las mafias se aprovechan de los niños para conseguir que lleguen pateras a la ciudad. También se aprovechan las personas que fingen ser sus padres, ya que saben que las autoridades priorizan los tralsados a la península de las familias que, en muchos, casos reciben ayudas y se quedan al amparo de ONGs.
La práctica de estas pruebas de ADN permite evitar que los menores sean abandonados o explotados en cuanto cruzan con sus supuestos padres a la península.
Si antes de que abandonen el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes se comprueba que los menores no son hijos de las personas que dicen ser sus padres, entonces las autoridades locales y intervienen. El niño queda bajo la tutela de la Ciudad Autónoma y se evita que pueda ser víctimas de malos tratos o de las mafias una vez fuera de Melilla.
La institución ni ataca ni aplaude las pruebas de ADN
La asociación Pro Derechos Humanos de Melilla en diciembre pasado denunció ante el Defensor del Pueblo la intención de la Delegación del Gobierno de hacer pruebas de paternidad a todas las familias alojadas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
La ONG entendía que el convenio que autoriza los tests (firmado por la Universidad de Granada, la Fiscalía de Menores y la Consejería de Bienestar Social) vulnera “gravemente la dignidad, intimidad y la imagen de las familias residentes en el CETI”, por lo que instó al Defensor del Pueblo a abrir un expediente para investigar este acuerdo y su difusión. Un año después, el Defensor del Pueblo apoya ni ataca las pruebas de paternidad aque han detectado que no todos los niños son hijos de las personas que dicen ser sus padres.
Irregularidades
Renuncian a sus supuestos hijos al entrar al CETI
Varios inmigrantes que llegaron en patera a la ciudad antes del pasado verano y que traían menores de edad a su cargo, rechazaron que los niños fueran sus hijos nada más entrar en el CETI.
La norma
Los controles de paternidad son obligatorios este año
Aunque el informe del Defensor del Pueblo asegura que los tests de paternidad que se practican a inmigrantes en el CETI de Melilla son voluntarios, desde la Delegación del Gobierno han señalado a El Faro que desde enero pasado son obligatorios.
La Práctica
En ocasiones, envían a los niños delante
La Guardia Civil ha detectado que, en ocasiones, los inmigrantes que pretenden entrar ilegalmente en Melilla mandan delante a sus hijos menores de edad, para luego poder reclamarlos y entrar en España.
