La Asamblea de Melilla ha aprobado de forma definitiva los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma para el ejercicio 2026, unas cuentas que alcanzan los 421,4 millones de euros y que se convierten en las más elevadas de la historia de la autonomía. La votación se saldó con 14 votos a favor, correspondientes al Partido Popular y un diputado no adscrito, frente a 10 votos en contra, emitidos por Coalición por Melilla, el PSOE, Vox y Somos Melilla.
El debate plenario estuvo marcado por un clima de tensión política y social. El inicio de la sesión incluyó un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, pero el desarrollo del pleno no tardó en verse alterado por la protesta de un grupo de agentes de la Policía Local, que interrumpieron la sesión en el salón de plenos y fueron posteriormente desalojados. Los policías denunciaban retrasos en el pago de horas extraordinarias y complementos salariales, una situación que generó momentos de tensión durante la jornada.
Según detalló el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, estos presupuestos incorporan importantes novedades en áreas clave como servicios urbanos, políticas sociales, obras públicas, educación y tecnología. El Ejecutivo local defiende que se trata de unas cuentas diseñadas para impulsar el desarrollo económico, la creación de empleo, la modernización de infraestructuras y la atención a colectivos vulnerables.
Entre las medidas anunciadas figura el refuerzo de los servicios de mantenimiento urbano y espacios públicos, así como el aumento de las ayudas sociales. Además, se contemplan convenios en materia sanitaria para atender necesidades específicas como la salud bucodental y tratamientos de reproducción asistida. La educación superior también ocupa un lugar destacado, con la implantación de nuevas titulaciones universitarias relacionadas con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Asimismo, se prevé la ejecución de nuevas obras e infraestructuras en diferentes barrios de la ciudad.
El Gobierno melillense ha defendido estas cuentas como una apuesta decidida por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fortalecer los servicios públicos y responder a demandas históricas. En palabras del Ejecutivo, la inversión pública contemplada permitirá dinamizar la economía local y abordar retos sociales estructurales.
Sin embargo, desde el PSOE se cuestionó la orientación estratégica del presupuesto, argumentando que, a pesar de su cuantía récord, no responde a las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Los socialistas consideran que las cuentas no dan respuesta a problemas esenciales como la gestión del agua, la mejora de infraestructuras básicas o la cohesión social, y critican que muchas de las partidas se destinan a proyectos sin un impacto real en la vida diaria de los melillenses.
Coalición por Melilla también manifestó su rechazo. Su portavoz, Hafid Mohamed, lamentó que los presupuestos prioricen el gasto administrativo por encima de la inversión directa en la ciudadanía. A su juicio, el crecimiento de los fondos públicos no se traduce en una transformación tangible de la ciudad y expresó su preocupación por el peso excesivo de las partidas destinadas al funcionamiento interno de la administración. CpM advirtió que se pierde la oportunidad de apostar por sectores que podrían diversificar la economía local y generar empleo estable.
El Partido Popular, por su parte, defendió en rueda de prensa la orientación social del presupuesto. Su vicesecretaria de Comunicación, Fadela Mohatar, subrayó que estas cuentas triplican la inversión en políticas sociales respecto a ejercicios anteriores y que incluyen medidas clave para avanzar en modernización, atención a la ciudadanía y desarrollo urbano. Criticó con dureza la postura de los grupos que votaron en contra y los acusó de dar la espalda a propuestas que buscan mejorar la vida de los melillenses.
El pleno extraordinario estuvo también atravesado por un contexto político de fuerte polarización. El cruce de acusaciones entre los distintos portavoces evidenció la distancia entre el Gobierno local y la oposición, especialmente en lo que respecta al modelo de ciudad y la manera de distribuir los recursos públicos. La tensión social también quedó patente con la protesta de los agentes de la Policía Local, que reclamaban una respuesta urgente a sus condiciones laborales, lo que añade un componente adicional de presión sobre la gestión del Ejecutivo.
Con la aprobación de estos presupuestos, el Gobierno de Melilla se enfrenta ahora al reto de su ejecución. Las expectativas están puestas en que las partidas comprometidas se traduzcan en mejoras visibles para la ciudadanía, tanto en materia de servicios como en inversiones que impacten positivamente en el día a día de los vecinos y vecinas. Desde la oposición se vigilará de cerca el desarrollo de los proyectos anunciados, y se espera que el debate sobre prioridades presupuestarias siga muy presente en la agenda política local durante los próximos meses.
Estos presupuestos se consolidan así como el instrumento clave con el que la Ciudad Autónoma afrontará el ejercicio 2026, en un contexto que exigirá tanto eficacia en la gestión como capacidad para responder a las demandas sociales y económicas de una Melilla que continúa buscando estabilidad y crecimiento.
