El Gobierno local quiere el respaldo legal para tener una mayor capacidad de control sobre los mena. El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, afirmó ayer que el documento con la propuesta de su Gobierno para la reforma o modificación de la Ley del Menor que permita a la Administración local tener un respaldo legal que les dote de una mayor capacidad de autoridad y control sobre los menores extranjeros no acompañados (mena) ya está en Madrid. Actualmente, la Ciudad tiene acogidos a más de 300 de estos menores, muchos de los cuales, según destacó Imbroda, cumplen con sus horarios de entrada y salida del centro, las actividades formativas y lúdicas. Pero existe una minoría que “campan a sus anchas” en la calle, cometiendo incluso delitos. En este sentido, destacó que la Administración local, a través de la Consejería de Bienestar Social, ha realizado una inversión “muy fuerte” en la atención de estos menores.
Exceso de proteccionismo
Imbroda dijo confiar en que, ahora que el documento está en manos del Gobierno central, se le dé un trámite parlamentario “ágil” para poder poner una solución al problema. En este sentido, el mandatario autonómico explicó que Melilla carece de capacidad legislativa para poder establecer un régimen disciplinario en los centros de menores como se ha hecho en otras comunidades autónomas, de modo que la ciudad debe someterse a lo que establece la ley de 1996, que no incluye ninguna mención a este problema.
“Esta ley nos deja al albur de lo más libre que haya en toda España, cuando los problemas están aquí, que son los derivados de la inmigración de los menores extranjeros no acompañados”, argumentó Imbroda.
Por eso, la Ciudad Autónoma quiere “intentar corregir” este problema introduciendo una disposición adicional en la Ley de Protección Jurídica del Menor, para que se puedan elaborar reglamentos de régimen disciplinario y que esté apoyado por la legislación nacional. “Se hará un buen favor a la sociedad melillense y a los menores también”, apostilló.
Estas declaraciones se producen después de que el pasado lunes, la Guardia Civil pusiera en marcha un dispositivo especial de vigilancia en el que desalojó de las inmediaciones del puerto de Melilla a 37 inmigrantes, 34 de ellos menores de edad, que abandonaron los centros de acogida de la Ciudad Autónoma para intentar llegar a Europa como polizones en los barcos que comunican la ciudad con la península.
