El vandalismo contra los contenedores de basura en Melilla no da tregua. En los seis primeros meses de este año, la Ciudad Autónoma ha tenido que sustituir 138 contenedores, la mayoría como consecuencia directa de incendios provocados, según confirmaron a EFE fuentes de las consejerías de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana.
A pesar de que las cifras han bajado levemente en comparación con 2024, desde el Gobierno local advierten de que la situación sigue siendo grave, tanto por el impacto económico como por la reiteración de los ataques en zonas muy concretas de la ciudad.
Cada contenedor tiene un coste de 1.700 euros, lo que eleva a cerca de 250.000 euros la factura que la Ciudad ha tenido que afrontar en solo medio año por la sustitución de este tipo de mobiliario. A ello hay que sumar los costes de los servicios de extinción de incendios, que pueden superar los 1.800 euros por actuación, además del desgaste humano y técnico que implica para el cuerpo de Bomberos.
Los ataques se concentran principalmente en barrios como Cabrerizas, la carretera de acceso a los Pinos de Rostrogordo y la Cañada de Hidum, puntos negros habituales donde los mismos contenedores son quemados una y otra vez, según las mismas fuentes.
Punto limpio en pleno centro
El último episodio se produjo este martes, cuando un punto limpio situado en la calle General Marina, en pleno centro de la ciudad, apareció incendiado a primera hora de la mañana. Esta instalación había sido inaugurada hace apenas tres meses, con una inversión de 40.000 euros. El área de Seguridad Ciudadana ha abierto una investigación y revisa ya las imágenes de las cámaras de vigilancia para tratar de identificar a los autores.
Según cifras ofrecidas por el consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda, en lo que va de 2025 se han registrado más de 50 contenedores incendiados. Solo en los primeros quince días del año, la Policía Local contabilizó 16 ataques, lo que obligó a reforzar los dispositivos de vigilancia.
Los agentes entonces lograron identificar a tres menores presuntamente implicados en algunos de estos hechos. La Ciudad Autónoma tiene previsto reclamar responsabilidades civiles a los padres, como medida para frenar este tipo de conductas destructivas.
Ronda ha insistido en que estos actos no tienen trasfondo político ni social, sino que responden al “puro aburrimiento” y a una preocupante falta de conciencia cívica. También lamentó la escasa colaboración por parte de los vecinos. “Muchos saben quiénes son, pero prefieren callar”, aseguró, en una crítica directa al silencio que protege a los autores de estos actos vandálicos.
Desde el Gobierno local se apunta a la educación y la prevención como herramientas necesarias para abordar el problema, y se preparan campañas específicas en colegios y centros vecinales. Además, ya se trabaja en la rehabilitación del parque de bomberos, una infraestructura clave para dar respuesta a este tipo de emergencias.
El vandalismo contra los contenedores no es nuevo en Melilla. En 2024, se registraron cerca de 400 incendios, y el fenómeno se ha convertido en un desafío estructural para las autoridades. Pese a la inversión y al aumento de la vigilancia, los ataques persisten, generando una sensación de impunidad y hartazgo entre los ciudadanos.
El alto coste económico y el deterioro del entorno urbano son solo una parte del problema. Desde distintas voces institucionales y sociales se reclama una implicación más activa de toda la ciudadanía para frenar estos actos. Porque mientras sigan ardiendo los contenedores, seguirá encendiéndose también el debate sobre el respeto al espacio público y la responsabilidad colectiva.
