No es la Ciudad Autónoma de Melilla el único foro, a través de su pleno, donde la oposición siempre critica al equipo de gobierno por la utilización de una fórmula como son los expedientes de modificación de crédito. El otro día, el grupo mayoritario dentro del equipo de gobierno, Coalición por Melilla, se abstuvo en la presentación por parte del consejero de Economía, Hacienda y Empleo de su primer expediente de modificación de crédito.
Por lo visto, para ser consecuente con lo que hacían en la oposición durante los veinte años de los gobiernos de Imbroda, Mustafa Aberchan y sus restantes siete compañeros dejaron compuesto y sin novia al consejero Liarte y éste pudo sacar ese expediente de modificación de crédito con el apoyo del Partido Popular.
Está muy claro que una cosa es predicar y otra dar trigo. Y los miembros del grupo parlamentario de Coalición por Melilla ahora no están sentados en la bancada de la oposición y su única misión era hasta ahora, al igual que lo ha sido en los últimos cuatro lustros, intentar poner todas las piedras que pudieran en el camino de los distintos Gobiernos de Imbroda. Que quede muy claro que no estoy criticando esa manera de hacer oposición porque el control a los Gobiernos desde enfrente se puede hacer de todas las maneras posibles, ya que así funciona el sistema democrático.
Sin embargo, Coalición por Melilla ha intentado ser consecuente con lo que decía en la oposición ahora que está en el gobierno, sin embargo no se da cuenta que quizás, algunas de las partidas que estaban siendo cambias asignándose nuevos epígrafes monetarios eran para competencias que ahora mismo están en sus manos. Lo desconozco realmente porque no he mirado en profundidad el contenido del expediente de modificación de crédito, pero no sería nada extraño que algunas de esas partidas beneficiarán a áreas dirigidas por consejeros o viceconsejeros del partido liderado por Mustafa Aberchan.
No entiendo las razones por las que los expedientes de modificación de crédito levantan tanta polémica cuando son una fórmula perfectamente legal que se mantiene para que las administraciones públicas puedan, a lo largo de un año, colocar en la realidad a sus cuentas aprobadas para entraren vigor el uno de enero.
Los presupuestos son documentos totalmente vivos que deben estar al servicio de la realidad de una comunidad y un año es lo suficientemente largo para que no se produzcan prioridades nuevas y partidas que no se gastan. Por tanto, dejémonos de tonterías y no hagamos un harakiri de una medida que es perfectamente legal.
Habría que preguntarle a Mustafa Aberchan si durante el tiempo en que fue presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, con el apoyo del GIL llegó a realizar alguna de estas operaciones.
Seguramente que sí porque es muy difícil que un Ayuntamiento en España no utilice, al menos, una de estas fórmulas en todo un ejercicio económico.
