Esta semana ha estado marcada por la presión de la mayor parte de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, pidiendo la dimisión del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska después de que la BBC emitiera un reportaje que siembra la duda sobre la veracidad de su intervención del pasado 21 de septiembre cuando compareció en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la tragedia del 24 de junio en el paso fronterizo de Barrio Chino.
En aquel momento, el ministro dijo que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue proporcionada, pero las imágenes de la BBC apuntan a que se habrían producido muertes en territorio español y que agentes marroquíes habrían trasladado migrantes o heridos o muertos hacia Marruecos. También desvela que no se auxilió a los heridos pese a estar ya dentro de España.
Grupos como ERC o EH Bildu, que sostienen el Gobierno de Sánchez, se han mostrado a favor de abrir una comisión de investigación en el Congreso, algo que el Ejecutivo quiere evitar a toda costa y que el PP amaga con apoyar quizás con el ánimo de forzar al presidente Sánchez a cesar a Marlaska si este no dimite.
El hecho de que no haya vídeos sobre la tragedia o que las grabaciones que se entregaron a la Fiscalía General del Estado y al Defensor del Pueblo contengan saltos en el tiempo siembran la duda sobre la actuación en la valla el 24J.
Tampoco se ha explicado por qué, si la Delegación del Gobierno dice que no faltan agentes de Guardia Civil y Policía Nacional en Melilla, el 24 de junio había solo 16 guardias civiles para parar la entrada violenta de casi 2.000 migrantes.
La gestión ha sido nefasta. Ni los drones, ni el helicóptero advirtieron a tiempo a la Guardia Civil de la que se les venía encima y nadie ha explicado los motivos, como tampoco se han dado explicaciones sobre la entrada de militares marroquíes a Melilla en pleno salto o por qué los migrantes consiguieron alcanzar la entrada de Barrio Chino sin encontrar apenas resistencia por parte de la Gendarmería marroquí.
Hay más incógnitas que certezas cinco meses después de la tragedia de la valla de Melilla y en un estado democrático esta situación es inaceptable. No estamos hablando de un incidente menor sino de uno lo suficientemente grave como para que el PSOE se plantee el cese, como mínimo, de la directora general de la Guardia Civil y no salga en tromba a apoyar la gestión de Marlaska, a todas luces nefasta.
Cuando hay muertos de por medio no se puede correr un tupido velo. Tampoco podemos permitir que un político se plante en el Congreso con verdades a medias a vomitar doctrinas ideológicas. Las instituciones son sagradas. Hay que separar a quienes las desprestigian.
