El portavoz de la Comisión de Interior en la Cámara Baja y miembro del Grupo Popular cree que “no se puede normalizar” que un inmigrante “entre de forma irregular”
El Faro entrevista a José Alberto Martín Toledano, integrante del PP y del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, donde actualmente ejerce como portavoz de la Comisión de Interior. El diputado por Ciudad Real alaba la labor de la Guardia Civil en el perímetro fronterizo y lamenta las “acusaciones falsas” que sufrieron los ocho agentes que fueron imputados por su actuación en la valla en 2014, de los que dice que fueron usados como “arma política” contra el Gobierno por parte de ONG y partidos de la oposición.
–Querría empezar preguntándole por la postura del Grupo Popular sobre la petición de ONG, partidos políticos y el Consejo de Europa de dotar a la Guardia Civil de un protocolo que garantice que se cumplen los Derechos Humanos al ejecutar los rechazos en frontera.
–La propia ley recoge que se debe ejecutar el rechazo en frontera cumpliendo con la legislación internacional. Es cierto que cuando se producen avalanchas masivas la situación es muy compleja, incluso para la Guardia Civil que está custodiando las fronteras. Pero hay un compromiso de ir reglamentando de la forma más precisa posible la actuación de los agentes, para garantizar que el trabajo de los guardias civiles se ajusta a la legalidad.
Pese a ello, hemos visto con satisfacción cómo las denuncias que se fueron planteando contra la actuación de la Guardia Civil en frontera han sido archivadas judicialmente.
–Sobre este asunto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera que no se tendría que juzgar a los agentes que estaban en la valla, sino a los responsables políticos de dicha actuación que terminó con la imputación de los guardias civiles.
–Es una afirmación excesiva. Hay leyes que mandan detener a una persona que está cometiendo un delito. La forma en que se le detiene puede estar más o menos regulada, pero la forma de hacerlo de cada agente puede ser distinta.
Eso no quiere decir que la actuación que está llevando a cabo la Guardia Civil no sea precisa y se esté ajustando a todos los protocolos. La prueba está en que las denuncias presentadas con un interés político, de utilización política de una desgracia que sucede cuando se intenta saltar una frontera con violencia contra los propios agentes, han sido desestimadas. La satisfacción de saber que se actúa correctamente se ve al desestimar las denuncias.
–La propia sentencia en que la absolvía a los agentes aseguraba que los vídeos de las ONG estaban manipulados.
–Lamentamos este hecho, porque alguien con buena fe puede presentar una denuncia, pero si un juez considera que se han manipulado unos vídeos estamos ante una situación muy grave. No sé si tendría que tener una responsabilidad poner unas denuncias que son archivadas con unas pruebas manipuladas, al menos en parte, obviando la parte en que se intenta agredir a los guardias civiles que protegen la frontera por parte de unas personas que intentan entrar de forma ilegal en un país que se encuentra en una situación de riesgo de atentado terrorista. No se puede permitir la entrada a un país de esa forma y sin saber si se producen infiltraciones. Eso sería un riesgo que la población de Melilla no está dispuesta a permitir.
–Sobre las actuaciones en la valla, el Consejo de Europa, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Agencia para los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) consideran que, actualmente, al no identificar a las personas que saltan la alambrada antes de devolverlas, se incumplen los Derechos Humanos.
–Nosotros entendemos que se actúa conforme a la legislación española, que a su vez respeta la legislación internacional. Es un rechazo en frontera: se considera que no han entrado en territorio español y por tanto no es una devolución en caliente. Diferente sería que logren saltar y entren en las calles de Melilla, entonces se les trata conforme a las convenciones internacionales.
–Está utilizando el concepto de ‘frontera chicle’, es decir, que el límite territorial lo marcan los propios agentes que se encuentran en la valla.
–Efectivamente. No se considera dentro del territorio español, sino que están siendo rechazados en frontera. Lo que deberían preguntarse estos organismos es qué forma de actuar hay cuando hay avalanchas masivas y violentas para entrar a un país soberano. La obligación del Estado es controlar la inmigración irregular, máxime cuando se produce de forma violenta. Hay otros métodos de migración legal y de solicitar en puestos fronterizos protección internacional. No debe considerarse normal entrar en Melilla de forma irregular y luego solicitar protección, sino solicitarlo y después entrar en el país.
–Partidos políticos como Podemos o las diferentes ONG que se presentaron como acusación particular en el caso de los agentes imputados por su actuación en la valla no han visto bien que se haya condecorado a los guardias. Creen que es una forma de avalar las políticas del Gobierno.
–Las políticas del Gobierno están tan bien ejercidas y hechas que han sido sometidas al control judicial y han sido ratificadas. No lo dice el Gobierno, lo dice la legislación española después de una denuncia. Estos agentes sufrieron un intento de linchamiento público, aunque no iba dirigido contra ellos, sino que ellos eran la herramienta para atacar al Gobierno. Sufrieron personalmente las acusaciones falsas. Se merecen un reconocimiento por parte del Estado.
–¿Cree que la condecoración fue una forma de compensar a los guardias?
–Cuando un servidor público realiza bien su tarea y es acusado injustamente y se demuestra que ha sido acusado injustamente, creo que una recompensa en forma de reconocimiento es lo mínimo. Para eso están estas condecoraciones. En España hay unas leyes aprobadas en un Congreso votado por los ciudadanos y tutelado judicialmente.
Los diputados de Podemos, que son tan afines al régimen de Venezuela y a Maduro, no sé si podrían decir lo mismo de ese país que tanto admiran. Si hay independencia policial, si a los detenidos se les garantiza los derechos, si hay persecución política, si se acusa de asesinato a los organizadores de manifestaciones… Como mínimo tienen una doble vara de medir.
