Los menores extranjeros no acompañados (menas) que deambulan por nuestra ciudad son un problema de Marruecos aunque las consecuencias las sufran, en primer lugar, esos propios niños y, luego las instituciones de nuestra ciudad, que se ven superadas por la situación.
El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, explicó ayer que aumentará el presupuesto del centro de acogia de La Purísima para poder atender a los menas que están allí acogidos. No obstante, advirtió, habrá un “techo” máximo. Y se propone no superar ese límite con convenios con la Junta de Andalucía para que los niños puedan ser acogidos en hogares de esa comunidad autónoma.
Es lógico que desde la Consejería su máximo responsable trate de buscar soluciones, sobre todo viendo el riesgo que corren estos niños al intentar llegar como polizones hasta la península o al vivir en la calle, donde pueden ser víctimas de agresiones como la sufrida por el menor al que tres delincuentes hirieron con un cuchillo. Sin embargo, las soluciones que se pueden plantear desde Melilla son medidas de contención con una eficacia temporal ya que, tarde o temprano, acaban quedando superadas por los acontecimientos. Así ocurre también con los asaltos a la valla y las continuas inversiones para reforzar la frontera. Sin embargo, a diferencia de la inmigración ilegal, los menas sí son un problema de Marruecos. Efectivamente, es un problema ante el que las autoridades del país vecino “no hacen absolutamente nada ni tienen voluntad de ayudar a resolverlo”, como aseguraba ayer el consejero de Bienestar Social.
Esa vergonzosa desidia hacia sus propios nacionales sólo es posible porque nuestros ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior no están dispuestos a obligar a llevar la “extraordinaria colaboración” que dicen que existe entre ambos países más allá de la lucha contra el yihadismo y frente a la inmigración ilegal.
Mientras tanto, el consejero de Bienestar Social sólo puede tratar de buscar soluciones dentro de su ámbito de competencias. Ésa es su obligación: intentar de proteger los derechos que la ley garantiza a esos menores, unos derechos de los que se desentiende Marruecos.
