El Gobierno central ha hecho uso de un acuerdo suscrito con Marruecos en 1992 para poder devolver al país vecino a los más de 100 subsaharianos que el pasado miércoles saltaron la valla de Ceuta y entraron en la ciudad. Parece lógico que cuando uno entra en un país de forma ilegal y agrediendo a los agentes de seguridad le señalen la puerta de salida.
Se trata de un paso del Ejecutivo central que puede marcar un antes y un después en la gestión de la inmigración. Tras los mensajes buenistas a favor de la retirada de las concertinas y la acogida de los pasajeros del buque Aquarius, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez parece que se ha topado con la tozuda realidad.
No es sostenible que todos los inmigrantes que entren por la frontera se puedan quedar. Para empezar, el CETI de la ciudad no puede absorever más residentes, ya hay más de 1.100 personas acogidas en un espacio diseñado para albergar a 700. Los recursos no dan para más y por muy buenas intenciones que se tengan hay que ser realistas y tomar medidas, incluso si es necesario cambiar la ley.
Tampoco se puede recompensar a aquellos que con violencia logran colarse en España. No es justo para los agentes que vigilan la frontera, ni para los millones de inmigrantes que viven y trabajan en nuestro país y a los que les ha costado mucho esfuerzo tener su situación regularizada.
Ahora, queda por saber si la devolución de ayer se trata de un hecho puntual o si se convierte en un protocolo de actuación habitual. Habrá que ver si Marruecos está dispuesto a asumir su responsabilidad en la vigilancia de la frontera o si sólo se trata de un gesto de maquillaje político hasta que pase el vendaval.
